HRW: Decreto-Ley 35 cercena libertad de expresión

Un comunicado de Human Rights Watch asegura que las leyes de ciberseguridad a escala global no pueden ir contra la ley internacional ni los derechos humanos.
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El Decreto-Ley 35, aprobado el 17 de agosto en Cuba, restringe la libertad de expresión y amenaza la privacidad de los usuarios en internet, declaró en un comunicado la ONG Human Rights Watch (HRW).

“El decreto requiere que los proveedores de telecomunicaciones interrumpan, suspendan o cancelen sus servicios cuando un usuario publique información ‘falsa’ o que afecte la ‘moralidad pública’ y ‘el respeto al orden público”, recordó HRW.

La organización reconoce que el Estado cubano tiene derecho a defenderse de sus enemigos exteriores, pero no de sus ciudadanos, a los cuales se debe, y menos con posibles violaciones al derecho internacional, pues el Decreto utiliza categorías imprecisas que podrían ser utilizadas contra los cubanos.

También pondría la privacidad de los usuarios a disposición del Estado, pues autoriza a violarla en nombre de la “seguridad nacional”, otro término nebuloso. Según la normativa, los proveedores deben proporcionar a los organismos de seguridad las “facilidades técnicas y los servicios que requieran” y al Ministerio de Comunicaciones “la información que este determine”. 

El internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años”, señaló Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch.

De hecho, el Decreto-Ley 35 aparece un mes después de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país el 11 y 12 de julio, en la estela de la represión que sobrevino al levantamiento.

Estas medidas son parte de una estrategia de censura y violaciones de derechos humanos del gobierno cubano, precisó el texto.

El comunicado recuerda que en julio de 2019 entró en vigencia en la isla el Decreto-Ley 370/2018 sobre la informatización de la sociedad, utilizada por las autoridades para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.

HRW también pide a los gobiernos de América y Europa que condenen urgentemente la aprobación de esta ley y tomen acciones urgentes para garantizar el respeto a la libertad de expresión, la privacidad individual y el acceso libre a internet de los cubanos.

El Decreto-Ley No.35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”, fueron aprobadas el 17 de agosto y divulgadas en La Gaceta Oficial.