La administración Biden anunció este jueves 19 de agosto nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos a altos oficiales del régimen cubano, por su responsabilidad en la represión de las protestas contra la dictadura que sacudieron la isla el 11 de julio (11J).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, informó sobre las medidas tomadas contra dos generales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y el jefe de las cárceles del Ministerio del Interior (Minint), de conformidad con la Ley Global Magnitsky que se aplica a “perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción”.
“Esta es la cuarta ronda de sanciones desde que comenzaron las protestas en Cuba el 11 de julio de 2021. El Tesoro sigue atacando a personas en relación con acciones para reprimir las protestas pacíficas y prodemocráticas en Cuba”, informaron en un comunicado.
Los sancionados de hoy son el general de División Roberto Legrá Sotolongo, subjefe del Estado Mayor General y jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR; Andrés Laureano González Brito, general de División y jefe del Ejército Central; y Roberto Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, perteneciente al Minint.
El general Legrá es responsabilizado por su jerarquía en el Minfar, que desplegó las Tropas de Prevención (también sancionadas), efectivos de élite que hacen función de policía militar y fueron mandados a reprimir las manifestaciones. Por su parte, el general Laureano González en tanto jefe del Ejército Central, tiene bajo su mando directo, en las provincias del centro del país, a las mencionadas unidades, conocidas como “boinas rojas”.
Abelardo Jiménez es el jefe de las prisiones en Cuba, y por lo tanto responsable del lesivo tratamiento y maltratos de toda índole contra las personas encarceladas en Cuba, reportados por víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos.
“Las fuerzas de seguridad cubanas han detenido a más de 800 personas en respuesta a las protestas, muchas de las cual se encuentran recluidas en 'cárcel preventiva' y aún se desconoce el paradero de varias personas. Una vez en la cárcel, muchos son procesados por las autoridades cubanas en juicios sumarios, con procedimientos simplificados y a menudo sin la posibilidad de contratar a un abogado defensor”, denunció la OFAC.
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“El Departamento del Tesoro continuará responsabilizando a aquellos que permiten al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos. La acción de hoy expone a otros perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki.
Otras sanciones de EEUU tras el 11J
EEUU sancionó al general Sotomayor y al coronel Martínez por ser altos mandos del Minint, que habrían participado en el despliegue, entre otras fuerzas, de la Brigada Especial Nacional (BEN) y la PNR, ambas entidades sancionadas previamente por la OFAC. La BEN, junto con la policía y las Tropas de Prevención, “han atacado y arrestado violentamente a manifestantes en toda Cuba”, sostuvo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
El 22 de julio, la Administración Biden aprobó sanciones contra organismos y personas implicadas en la represión de las protestas, entre ellos las fuerzas especiales del Ministerio del Interior cubano conocidas como “boinas negras”, informó entonces el Departamento del Tesoro.
Los “boinas negras” son tropas militares de élite, convocadas en circunstancias “excepcionales”, como el estallido social que comenzó en el poblado de San Antonio de los Baños (occidente) y se extendió a decenas de localidades en todo el país.
También se anunció sanciones contra el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, cercano a Raúl Castro, con una de cuyas hijas está casado.
Cerrando el mes de julio, Washington sancionó este 30 de julio a la Policía Nacional Revolucionaria y a su jefe, Óscar Callejas Valcarce, y su subjefe, Eddy Sierra Arias por su papel en la represión desatada contra los manifestantes del 11J.
Un comunicado del Departamento del Tesoro anunció las nuevas medidas amparadas en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Global Magnitsky, que permite al gobierno de EEUU penalizar a ciudadanos extranjeros sospechosos de haber cometido alguna violación grave contra los derechos humanos, o un delito de corrupción.
