A más de un mes de las protestas populares del 11 de julio pasado, un grupo de organizaciones de derechos humanos y medios de prensa manifestaron su preocupación por la respuesta represiva del Estado cubano, que ha desembocado en graves violaciones a derechos humanos.
Este grupo documentó en las últimas semanas actos que atentaron contra la integridad física y psicológica, la seguridad personal y jurídica de los manifestantes, así actos contrarios a los derechos de reunión, libertad de expresión, acceso a la información y derecho a defender los derechos humanos.
La ONG Cubalex registra hasta la fecha 837 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones. El 47% de estas se produjeron el 11 de julio y un 10% el día 12, pero se desconoce la fecha exacta de la detención en el 25% de los casos.
Además, se detuvieron a 33 personas con edades entre 14 y 18 años. Según la legislación cubana la edad mínima para ser penalmente responsable es 16 años. Al menos cuatro menores de 16 años fueron detenidos en el contexto de las protestas. En estos casos, la justicia se impartió de forma extrapenal y de manera administrativa.
Al menos a 44 personas de las que fueron excarceladas se les impusieron medidas cautelares de fianza en efectivo entre 2000 y 5000 pesos cubanos, de acuerdo con el artículo 8.3 del Código Penal, con lo cual se pone fin al proceso penal durante la fase investigativa por decisión de la policía, pero que por el monto sí deja antecedentes penales.
También a otros se les impusieron multas de naturaleza administrativa por disposición del Decreto 31/2021 sobre propagación de epidemia; en estos casos no se puso fin al proceso, pues según declaraciones de detenidos, se les levantó un acta de advertencia y aplicaron medidas cautelares no privativas de libertad como puede ser la reclusión domiciliaria y la obligación contraída en acta (firmadas en estaciones policiales), violatorio del principio “ne bis in idem”, según el cual nadie puede ser procesado ni juzgado dos veces por un mismo hecho.
Aún diez personas permanecen en situación de desaparición forzada.
"Las personas encarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos, entre los que se pueden mencionar golpizas, electroshocks, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual, uso de perros para amedrantar (algunas personas resultaron mordidas en altas horas de la noche), interrupción del sueño, aislamiento en celdas oscuras, condiciones higiénicas deplorables y hacinamiento en las celdas, exponiendo altamente a las personas e incrementando los riesgos de contagio por COVID-19. Existen numerosos testimonios en diversos medios de prensa y redes sociales", agregan las organizaciones.
Hasta el momento, se tiene reporte sobre la ejecución de arrestos en todas las provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. El 28% de las detenciones se produjeron en La Habana, provincia con mayor número de detenidos (224), seguido de las provincias Santiago de Cuba y Holguín con el 11%, Villa Clara y Mayabeque con el 8%, y Matanzas y Artemisa con el 7%. Se desconoce el lugar de detención en el 4% de los casos registrados.
"Enviaremos diversas comunicaciones a los procedimientos especiales de Naciones Unidas y a las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de observancia del marco internacional de los derechos humanos por parte del Estado cubano, con el objetivo de que adopte medidas determinadas que vayan encaminadas a cesar la represión y sistemática violación a los derechos de la población, y por el contrario, genere condiciones que garantice el ejercicio de sus derechos", explican en el comunicado.
Por último, llaman al régimen cubano a que informe con transparencia sobre los procesos legales que enfrentan las personas sancionadas por las autoridades desde el 11 de julio, con énfasis en casos que involucran a menores de edad.
"Nos unimos al llamado que desde la sociedad civil cubana, se hace a diferentes organismos internacionales y a gobiernos democráticos a pronunciarse sobre la violencia desatada por parte del Estado cubano contra los ciudadanos que protestaron pacíficamente el 11 de julio", concluyen.
Firmantes:
- ADN Cuba
- ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
- Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)
- CADAL
- Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio
- Colectivo Voces del Sur
- Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)
- CUBALEX
- Cultura Democrática
- Freedom House
- Freemuse
- IFEX-ALC
- Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
- Instituto Cubano por la Libertad de expresión y Prensa (ICLEP)
- La Hora de Cuba
- PEN América
