"El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas", declaró el presidente de EE. UU., Joe Biden, en una nota oficial que justifica las sanciones impuestas contra figuras y entidades del régimen cubano.
"Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales de conformidad con la Ley Magnitsky", agregó.
Mientras, en una nota de Twitter, el mandatario demócrata condenó "las detenciones masivas y los juicios simulados del régimen cubano".
Según edijo, “este es sólo el comienzo” de más medidas destinadas a llamar la atención de La Habana por la represión anticonstitucional de varias manifestaciones pacíficas que comenzaron el 11 de julio en toda la isla.
En efecto, hasta el momento, organizaciones pro-derechos humanos han contabilizado unas 600 personas desaparecidas en la isla, mientras varios activistas y ciudadanos que participaron en las protestas fueron sometidos a juicios sumarios en los cuales el Estado pide encarcelarlos.
El gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, de quien la nota oficial no se da las causas del deceso.
Sin embargo, denuncias en las redes sociales hacen suponer un número mayor de muertos y heridos, aunque la información que no ha sido confirmada.
“Quienes tengan sangre en sus manos pagarán las consecuencias”, aseguró, por su parte, el senador demócrata Bob Menéndez sobre las sanciones aprobadas por el Ejecutivo.
Las primeras de estas medidas, divulgadas por el Departamento del Tesoro, incluyen a las fuerzas especiales del Ministerio del Interior (Minint) y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general Álvaro López Miera.
El presidente de EE. UU. “tiene toda la razón en hacer que el régimen rinda cuentas por tratar violentamente de aplastar las esperanzas del pueblo cubano”, agregó Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Las fuerzas especiales del Minint, conocidas como “boinas negras” por su vestimenta, un grupo de intervención rápida en momentos de crisis, fueron captadas enfrentándose a los manifestantes pacíficos con armas de fuego junto a fuerzas de la Policía.
López-Miera, general de Cuerpo de Ejército y ministro desde abril de 2021, sustituyó al general Leopoldo Cintra Frías en el cargo —un veterano oficial de las guerras de Angola y Etiopía—, poco antes del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). Cintra Frías también fue sancionado por Washington.
Según fuentes cercanas al régimen, el actual titular de las FAR es un hombre próximo a Raúl Castro, el exprimer secretario del PCC y expresidente del Consejo de Estado, con una de cuyas hijas sigue casado.
Desde el estallido de las protestas el 11 de julio, el régimen cubano desató una ola de arrestos que golpeó a ciudadanos cubanos y miembros de la sociedad civil independiente.
Las sanciones están amparadas por la Ley Magnitsky, aprobada por el Congreso en 2012 y que permite al Gobierno penalizar a ciudadanos extranjeros sospechosos de haber cometido alguna violación grave contra los derechos humanos o cometido un delito de corrupción.
Respuesta del gobierno cubano
Por su parte, La Habana contestó a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien calificó de "infundadas" y "calumniosas" las sanciones aprobadas por Washington.
"Más bien, deberían aplicarse a sí mismos la ley Magnitsky por la represión sistemática y la brutalidad policial que se cobró la vida de 1021 personas en 2020", agregó el canciller.
El gobierno cubano ha negado legitimidad a las manifestaciones; el discurso oficial califica de "mercenarios pagados por EE. UU. a los inconformes, si bien aclara que algunos son "revolucionarios confundidos".
El 11 de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel incitó a los partidarios del régimen a que enfrentaran a los manifestantes, una medida considerada como irresponsable y anticonstitucional por miembros independientes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
