La policía cubana detuvo este 15 de julio al opositor Alberto Corzo, director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), organización opositora que promueve el periodismo independiente en Cuba.
Su esposa, la también periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Cocodrilo Callejero, Martha Liset Sánchez, aseguró que Corzo fue arrestado bajo el pretexto de que las autoridades querían “esclarecer hechos”.
Los sucesos ocurrieron en la localidad de San Pedro de Mayabón, a unos 30 kilómetros del municipio Colón, en la provincia Matanzas, donde residen ambos activistas opositores.
A raíz de las protestas que comenzaron el pasado 11 de julio, el ICLEP documentó al menos 47 comunicadores que han sufrido algún tipo de represión por ejercer su trabajo.
“Agredir físicamente, arrestar y recluir a comunicadores dentro de sus propios hogares bajo la amenaza de ser encarcelados, quitarles la conexión a internet con toda la intención de que no puedan realizar su trabajo y procesar penalmente a periodistas por cubrir una manifestación pública son crímenes de lesa humanidad”, dijo Normando Hernández, directivo de la organización.
“ICLEP condena al régimen liberticida del mandatario Miguel Díaz-Canel y hace un llamado a la comunidad internacional para que los crímenes del régimen cubano no queden impunes. Hacer periodismo no es delito”, concluyó.
Las protestas llegan este jueves a su quinta jornada, sin que parezcan disminuir en intensidad y extensión, según los reportes que llegan desde la isla.
Organizaciones pro-derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía internacional condenaron la represión y tomaron partido por los manifestantes.
Este jueves, el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bradley A. Freden, urgió a los países miembros a que condenen la represión contra los manifestantes en Cuba y adopten una política activa hacia el régimen de La Habana.
Varios gobiernos y organismos internacionales adoptaron una postura similar sobre las protestas que se desataron en Cuba el 11 de julio y se expandieron por más de 60 localidades del país ese mismo día.
Washington declaró públicamente que la represión era inadmisible a poco de conocer la noticia del estallido social; este jueves, el presidente Joe Biden dijo que revisaría su política hacia Cuba a raíz de estos sucesos.
Hoy en la madrugada la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una declaración en la que manifiesta su condena a la escalada represiva del régimen cubano.
Mientras tanto, el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, pidió a La Habana que libere a todos los detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión.
El gobierno cubano reconoció la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo, de quien no se dieron las causas del deceso en la nota oficial.
