El representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bradley A. Freden, urgió a los países miembros a que condenen la represión contra los manifestantes en Cuba y adopten una política activa hacia el régimen de La Habana.
“Exhortamos a la moderación, el respeto a la voz del pueblo y la liberación inmediata de los detenidos injustamente, y solicitamos a los demás Estados Miembros que pidan lo mismo y promuevan los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana para el pueblo cubano”, aclaró el diplomático.
“Estados Unidos apoya al pueblo cubano en busca de libertad y respeto por sus derechos humanos. La violencia contra manifestantes pacíficos es aborrecible”, agregó, durante una reunión de la OEA este 15 de julio.
Varios gobiernos y organismos internacionales adoptaron una postura similar sobre las protestas que se desataron en Cuba el 11 de julio y se expandieron por más de 60 localidades del país ese mismo día.
Washington declaró públicamente que la represión era inadmisible a poco de conocer la noticia del estallido social; este jueves, el presidente Joe Biden dijo que revisaría su política hacia Cuba a raíz de estos sucesos.
Hoy en la madrugada la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una declaración en la que manifiesta su condena a la escalada represiva del régimen cubano.
Mientras tanto, el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, pidió a La Habana que libere a todos los detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión.
Aunque Cuba no es parte de la OEA —fue expulsada en 1962 y el régimen de los Castro se ha negado a volver reiteradamente—, el llamado de la primera potencia mundial podría movilizar a la comunidad latinoamericana contra el gobierno caribeño, aseguran expertos en política internacional.
Las protestas llegan este jueves a su quinta jornada, sin que parezcan disminuir en intensidad y extensión, según los reportes que llegan desde la isla.
Todavía este 14 de julio La Habana, capital de Cuba, amanecía militarizada, con autos patrullas, agentes de uniforme y simpatizantes del gobierno custodiando las calles en los barrios rebeldes.
Las fuerzas del orden utilizaron gases, equipos antimotines y balas de goma contra los manifestantes. El uso de fuego mortal fue reportado por ciudadanos y activistas opositores en varias ocasiones, pero no ha sido comprobado por medios independientes.
La policía arresta a personas sospechosas de haber participado en las marchas contra el orden establecido y opositores pacíficos.
Organizaciones pro-derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía internacional condenaron la represión y tomaron partido por los manifestantes.
El gobierno cubano reconoció la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo, de quien no se dieron las causas del deceso en la nota oficial.
