A raíz de las recientes protestas en Holguín y Caibarién a favor de los trabajadores por cuenta propia, empleados de ese sector denunciaron que el gobierno ha utilizado la pandemia y el ordenamiento para incrementar el acoso y hostigamiento contra ellos.
En las últimas horas, videos publicados en las redes sociales muestran a un grupo de vecinos en la ciudad de Holguín, que se unieron y enfrentaron a dos inspectores que querían decomisar los productos agrícolas a un carretillero en la calle Mario Pozo, del reparto Luz.
Un hecho similar ocurrió el 27 de febrero, cuando una multa impuesta a un vendedor ambulante, en Caibarién, provincia de Villa Clara, provocó una fuerte protesta de la población en apoyo al emprendedor.
En esa ocasión la reacción de la población obligó a las autoridades a declarar públicamente que la multa había sido retirada.
Yoel Espinosa Medrano, operador de una cafetería en la ciudad de Santa Clara, habló a Radio Martí sobre el constante asedio a los carretilleros, quienes son su principal fuente de suministro.
“Los carretilleros que tienen licencia y que están autorizados a vender, los cogen en la calle con un poquito de mercancía, que los inspectores consideran que es “acaparamiento”, allí mismo se la decomisan, multan y quedan sin licencia para ejercer”, dijo Medrano.
Dairis González Ravelo vende granizados en Morón; está sin trabajo por la pandemia, pero no entregó su licencia.
“Muchas personas tomaron la decisión de entregar sus licencias porque fue lo que le prometieron, es decir, el que no pudiera pagar la seguridad social, que la entregara y luego se la devolverían. Mi caso no fue así, porque yo no la entregué y sigo pagando los 150 pesos mensuales, aunque estoy sin trabajar, porque obviamente cuando fuera a volver a solicitarla no me la iban a dar”, concluyó Dairis.
Rafael González operaba un paladar en Caibarién que era el sustento de la familia. En diciembre los inspectores le quitaron la licencia por una denuncia de un vecino en complicidad con la Policía Política.
“Yo vivo del cuentapropismo y llevo dos meses cerrado, no tengo de qué vivir. Todo lo que es cuentapropia, lo están persiguiendo a matarlo. Estoy muerto en vida, la reserva que tenía ya me la comí. Si algún día tengo la oportunidad de operar nuevamente el restaurant con qué voy a hacerlo, no sé”, enfatizó Rafael.
El sociólogo y asesor de emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, recuerda que existe una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, la 427, para situaciones epidemiológicas, y el gobierno no la implementó con la pandemia.
“El gobierno no asumió esto, continuó cobrando Seguridad Social y Fuerza de Trabajo”, a pesar de que los negocios estaban cerrados. Y ahora los cuentapropistas no tienen manera de salir adelante”, expresó el experto.
Por otra parte, el inicio del ordenamiento monetario y cambiario emprendido por el régimen ha estado acompañado de una campaña contra los cuentapropistas, bajo el pretexto de que muchos venden sus productos o servicios a “precios abusivos”.
Los trabajadores privados argumentan que deben vender a los precios en que lo hacen porque de lo contrario su actividad no sería rentable. Como consecuencia de la escasez que sobrecoge a la isla y la inflación derivada de ésta y del “ordenamiento”, las materias primas e inversiones que los cuentapropistas necesitan para ejercer también se han incrementado en su costo.
Sin embargo, el régimen persiste en mantener una política de precios topados, de la que quedaron fuera en primera instancia los bienes y servicios que ofrecen entidades estatales, muchos de ellos más inaccesibles que antes para la mayoría de los cubanos.
Redactado con información de ADN Cuba y Radio Martí.
