El gobierno cubano se vanagloria de que en medio de las dificultades económicas el anunciado presupuesto del país para el 2021 siga siendo "eminentemente social", pero ¿acaso ese no es el deber de cualquier estado?, y ¿qué tajada de esos dineros son destinados a pagar el salario de los funcionarios comunistas?, se cuestiona un experto entrevista por Radio Televisión Martí.
La Ministra de Finanzas Y Precios, Meisi Bolaños, aseguró el 17 de diciembre, durante su discurso en el VI Período Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que "aún en medio de las dificultades y complejidades que en el orden económico afrontará el país, el presupuesto cubano mantiene su carácter eminentemente social y tiene como premisa seguir siendo garante financiero en la salvaguarda de las conquistas de la revolución".
En este sentido, el Dr. en Ciencias Económicas Mauricio de Miranda dijo que "la mayor parte de los presupuestos estatales son, fundamentalmente, sociales. Decir que el presupuesto cubano es mayormente social es casi una obviedad. De acuerdo con el presupuesto presentado por la ministra, el 45,1% se dedica a sufragar los gastos en salud pública y asistencia social, educación, seguridad social y cultura y deportes y si a esto se le suman los subsidios a precios minoristas, estamos hablando de un 52,1%, lo cual indica que la mayor parte del presupuesto de gastos tiene un destino social. Y eso es el deber de una gestión presupuestal: que la mayor parte del gasto público se destine al gasto social".
"Sin embargo", recalcó el economista, "valdría la pena que se hubiera presentado un presupuesto de gastos mucho más desagregado, que nos permitiera conocer la destinación de ese "resto" que constituye el 7,9%, que no es mucho, pero en el que pueden estar mezcladas muchas cosas".
En otra intervención, en el programa televisado Mesa Redonda el pasado viernes, la titular aclaró que el presupuesto de Cuba para el 2021 está adaptado al proceso de ordenamiento monetario que entrará en vigor el próximo 1 de enero, que todo está previsto pese a que el país cierra el 2020 con un déficit de 20 mil 733 millones de pesos.
Para el próximo año, el Ministerio de Finanzas y Precios calcula un déficit fiscal de 86 mil millones de pesos, pues los gastos incluidos en el reordenamiento serán mayores, dijo Bolaños, pero aclaró que tales costos son necesarios. Al respecto, estimó que "un déficit de 86.744 millones de pesos no es una cifra despreciable, si se tiene en cuenta que constituye el 23,1% del gasto previsto".
Y cuestionó "¿Cómo se va a financiar ese déficit? Si se adopta la medida de monetizar el déficit el resultado será mayor inflación. ¿Bonos soberanos? ¿Hay suficiente confianza en el emisor para adquirirlos? Son preguntas que deberían responderse".
El Estado cubano prevé 18 mil millones para apoyar al sector empresarial durante un año.
"La cuestión primordial radica en que el sector estatal sigue estando sobredimensionado, y eso afecta al presupuesto, y debería racionalizarse", destacó el experto y añadió:
"Valdría la pena que la ministra respondiera: ¿quién paga a los funcionarios profesionales del Partido Comunista de Cuba ( PCC), de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y de otras organizaciones? ¿Las organizaciones con sus recaudaciones? Nunca hemos visto ese tipo de balances y claramente el presupuesto del Estado no debería estar contribuyendo a cubrir esos gastos, y aparece una partida de subvención a organizaciones que parecería que el presupuesto del Estado está apoyando a esas organizaciones con una cifra de algo más o menos de 2,000 millones de pesos", subrayó el también Profesor Titular de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
"Por otra parte, ese sobredimensionamiento del Estado implica una plantilla que engrosa la burocracia y que, además de ser un fardo, es, de hecho, uno de los grandes obstáculos para la adopción de las reformas económicas necesarias", puntualizó el experto.
Para la subvención de la actividad empresarial se planifican 48 mil 530 millones de pesos, en busca de otorgar mayor autonomía a la empresa estatal y librar a la mayor cantidad de ellas de los impagos y quiebras que desde la llegada al poder de Fidel Castro en enero de 1959 están apabullando la economía cubana.
