El gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del Covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, denunció este 7 de diciembre la organización no-gubernamental Human Rights Watch.
El 26 de noviembre de 2020, fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el Covid-19 al no realizarse nuevamente una prueba.
Se trata del escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, quien viajó de Nueva York a La Habana para unirse a la protesta y, al parecer, las fuerzas de seguridad del régimen lo dejaron entrar con el objetivo de crearle un falso caso de “propagación de epidemias”.
Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre Covid-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del Covid-19.
“Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”, señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La ONG documentó abusos contra 34 víctimas; de 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por “propagación de epidemias”.
A ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara, agrega HRW.
Asimismo, las autoridades cubanas han promulgado legislación específica sobre la pandemia. En mayo, el gobierno aprobó una resolución que exige el uso de una mascarilla cuando las personas salen de sus hogares.
Un decreto del mes de agosto, vigente solamente en la provincia de La Habana, impone multas de 2000 pesos cubanos (USD 77) —aproximadamente el doble del salario mensual promedio— a quienes realicen fiestas, utilicen la mascarilla de manera incorrecta o “dificulten en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias”, entre otras transgresiones.
Las multas se duplican si no son pagadas en un término de 10 días. Con arreglo al Código Penal cubano, quienes no paguen sus multas podrán recibir condenas de hasta seis meses de cárcel.
La organización compendia como algunos de los casos más sonados los arrestos y multas a los opositores Keilylli de la Mora Valle, Juan Miguel Pupo Arias, Mileidy y Daniel Salcedo, Maykel Castillo, Yordanis Labrada, entre otros.
También menciona el suceso más conocido de todos: el desalojo del Movimiento San Isidro de su sede, ubicada en Damas 955, municipio Habana Vieja, cuando los miebros de esa organización de la sociedad civil protagonizaban una protesta pacífica para exigir la libertad del músico contestatario Denis Solís.
