El Observatorio de Libertad Académica (OLA) lanzó recientemente su tercer informe sobre el socavamiento de la autonomía universitaria en Cuba y la persecución por razones político-ideológicas en universidades de la isla, en el cual expone cuatro casos confirmatorios de las prácticas discriminatorias y totalitarias del régimen en la esfera de la educación superior.
La organización precisa en el documento, hecho con el apoyo de otras organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil como Aula Abierta, Programa Cuba y Civil Rights Defenders, que no se trata de un resumen ni balance de las discriminaciones por motivos ideológicos y las violaciones a la libertad académica en la educación superior cubana posterior a 1959.
“Es parte de un trabajo gradual y sistemático que mensualmente documenta cuatro casos (dos históricos y dos posteriores a 2010) de profesores y/o estudiantes víctimas de este tipo de discriminación e incluye el análisis de un discurso y una regulación que atentan contra derechos relacionados con la libertad académica”.
El informe analiza cómo se empezó a socavar la autonomía universitaria en Cuba tras la Reforma de la Enseñanza Superior en 1962 y los lineamientos-amenazas contra la libertad académica contenidos en el discurso de Fidel Castro del 13 de marzo de 1968.
Asimismo, expone en profundidad las violaciones contra la libertad académica y otros derechos humanos de cuatro universitarios, entre profesores y estudiantes. Estos son Pedro Luis Boitel Abraham, Ricardo Bofill Pagés, Boris González Arenas y Juannier Rodríguez Matos.
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Los dos primeros son los casos históricos que analiza el OLA en este tercer informe, mientras que los dos segundos son los posteriores a 2010, año a partir del cual el régimen de la isla ha dado nuevos bríos a su vigilancia de la educación superior, un nicho del que siempre teme surjan “librepensadores” y “enemigos potenciales” que desafíen la hegemonía ideológica del Estado-Partido Comunista.
Estudiante del quinto año de Ingeniería Eléctrica, y presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana (UH), Boitel Abraham fue sometido en noviembre de 1960 a “un proceso judicial carente de garantías procesales”, del que resultó condenado a 10 años de cárcel.
Ello, como consecuencia de su labor conspirativa en protesta por la intromisión del llamado Gobierno Revolucionario en el proceso electoral de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la UH, cuyo candidato favorito era precisamente Boitel Abraham.
“Cumpliendo régimen penitenciario, se le sumaron otras causas que lo mantuvieron prisionero hasta 1972, cuando falleció a los 53 días de haber iniciado la última de sus huelgas de hambre”, recuerda el informe del OLA, que subraya que Boitel Abraham “fue víctima de la violación de distintos derechos humanos, entre estos el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia, el derecho a la libertad académica, el debido proceso, el derecho a no ser discriminado, entre otros”.
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Similares derechos le fueron violados a Bofill Pagés, quien en 1966 fue expulsado de la UH, donde impartía la asignatura de Historia de la Filosofía y fungía como asesor del decano, por “sus desviaciones de los postulados ideológicos por los que se regía el país”.
Así lo argumentó la dirección de la casa de altos estudios en ese entonces, que se prestó para la fabricación de un “cargo” que en 1967 llevó a Bofill Pagés a la cárcel.
“Aún después de haber cumplido condena, no se le permitió relacionarse con ningún acápite de la enseñanza, llegando a ser despedido de un puesto como bibliotecario”, denuncia el OLA en el informe, al tiempo que recuerda que el profesor fue acosado permanentemente por la Seguridad del Estado, hasta que pudo emigrar en 1988 con la mediación de autoridades e instituciones internacionales.
En cuanto a los casos recientes, posteriores a 2010, el tercer informe del OLA expone el de Boris González Arenas, profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) que fue detenido por la Seguridad del Estado durante tres días en diciembre de 2014.
“Fue sometido a interrogatorios y violaciones de sus derechos. Posteriormente, el 5 de enero de 2015, fue expulsado de la EICTV, por no poseer los “requisitos de confiabilidad” exigidos por la institución, debido a que publicaba textos de carácter político contrarios al sistema sociopolítico instaurado en Cuba luego de 1959, en su blog personal Probidad”.
“Luego de su expulsión, Boris continuó laborando como periodista independiente. Por su trabajo, fue secuestrado, golpeado, detenido y acosado por la Seguridad del Estado. Asimismo, su familia ha sido objeto de seguimiento paramilitar y citaciones ilegales. Actualmente, se encuentra en la lista de las personas a las que el Gobierno cubano les impide salir del país arbitrariamente y no ha vuelto a ejercer como docente”, detalla el informe.
Por último, el documento denuncia el caso de Juannier Rodríguez Matos, quien desde 2009, cuando era estudiante de Licenciatura en Biología, ha sido objeto de “acciones de hostigamiento en su contra por parte de diversas autoridades, profesores y organismos gubernamentales”.
“Estas acciones tuvieron lugar, pese a su alto rendimiento académico, por manifestarse en contra de las prácticas discriminatorias, ideológicas e intervencionistas realizadas por el Gobierno cubano en su universidad, en la residencia estudiantil en la que vivía y en los servicios estudiantiles que prestaba la universidad”.
“Entre las acciones destacaron llamados de atención, amonestaciones públicas y privadas, su separación del cargo de alumno ayudante de la asignatura de Zoología de Invertebrados II, acoso por parte de profesores, persecución por parte del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), amenazas a sus familiares, restricción de acceso a áreas de la universidad, pérdida de los derechos como becario por un semestre, separación por dos cursos de la educación superior, más de 30 detenciones arbitrarias, prohibición de salida del país, entre otras acciones de hostigamiento por ser opositor al Gobierno cubano”.
Al igual que González Arenas y los casos históricos analizados por el OLA, Rodríguez Matos fue víctima de la violación de distintos derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia, el derecho a la educación y la libertad académica, el debido proceso, el derecho al trabajo y el derecho a no ser discriminado.
