Una demanda contra la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba, y contra los Órganos de la Seguridad del Estado en el país, fue presentada ante el Tribunal Provincial de La Habana esta semana por el opositor y periodista independiente Abdel Legrá Pacheco.
A principios de junio las autoridades impidieron al reportero abordar un avión con destino a Bogotá, Colombia. El viaje tenía como objetivo cumplir con una invitación del Instituto de Ciencias Políticas de ese país.
El reportero consideró esta prohibición como una violación de sus derechos civiles y constitucionales, los cuales están contemplados en los artículos 52 y 54 de la Constitución aprobada el 24 de febrero último.
Según el ARTÍCULO 52, “Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”.
Y según el ARTÍCULO 54, “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”.
Legrá hizo pública su demanda a través de su cuenta de Facebook donde explicó que no le permitieron salir del país “por aparecer con el término 'Regulado' en sus máquinas computadoras (descalificativo que no aparece en el código penal vigente, ni en la Nueva Constitución de la República de Cuba)".
Aunque en enero de 2013 entró en vigor una reforma migratoria que eliminó el permiso de salida conocido como la carta blanca, el cual era imprescindible para salir legalmente del país, cada vez son más los casos de opositores, activistas y periodistas a los que se les impide viajar fuera de la isla por estar “regulados”. Ante las reclamaciones las autoridades explican que los afectados se encuentran “bajo proceso de investigación”, aunque a todas luces esto no es más que una medida represiva.
La demanda presentada por Abdel Legrá Pacheco en el Tribunal Provincial de La Habana invita a cuestionarse por qué existen en Cuba entidades del estado y/o personas con autoridad por encima de la ley, incluso, por encima de la Constitución vigente.
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Al momento de su “regulación” Abdel Legrá formaba parte de un grupo de seis activistas de la sociedad civil cubana a quienes las autoridades migratorias impidieron también la salida del país. Los otros cinco viajaban a Panamá para participar en una reunión de la Mesa de Unidad Democrática.
A cuatro de ellos, Enix Berrio, Alberto de la Nuez, Fernando Palacios y Boris González, se les notificó en el propio Aeropuerto Internacional José Martí que estaban regulados; por su parte, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, fue detenida por una patrulla en horas de la mañana mientras se dirigía al Aeropuerto.
La lista de activistas, opositores y periodistas independientes que no pueden salir de Cuba crece cada día, en un evidente intento de la policía política de silenciar las voces que se atreven a cuestionar la retórica oficialista.
Entre las más recientes víctimas de esta medida represiva se encuentran los líderes religiosos Álida León y Moisés de Prada, quienes presiden la Liga Evangélica de Cuba y las Asambleas de Dios, respectivamente, y pretendían asistir a un evento sobre libertad religiosa en Washington.
