Antuanette Creagh García es la propietaria de la vivienda ubicada en 5ta D, No. 48016, entre 480 y 482, Guanabo, al este de La Habana. Ella y su familia denuncian el supuesto intento de las autoridades cubanas de decomisar su casa, debido a un delito de drogas cometido por su pareja tres años atrás.
Según cuenta Antuanette, funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda y del Ministerio de la Construcción, en coordinación con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), han intentado despojarla del inmueble.
A su pareja de facto, William Sánchez Izquierdo, le fueron ocupadas 6 plantas de cannabis (marihuana) en una caseta ubicada en el techo de la casa.
William Sánchez es el padre de tres de sus hijos y actualmente cumple una sanción de 8 años de privación de libertad.
Ella permaneció en prisión durante 4 meses mientras era investigada, y a pesar de que el tribunal la declaró inocente, tanto de la autoría del delito como de una posible complicidad, desde hace tres años viene sufriendo el acoso y las amenazas de la policía, según contó a ADN CUBA.
“No puedo salir de la casa, porque sé que me están vigilando para irrumpir y despojarme de todo”, dice Antuanette.
Asegura también que a pesar de haber acudido a diversas instancias estatales, su petición de ayuda ha sido desatendida.
La familia vive traumatizada por el temor a la policía y a que un día los desalojen de su espacio, el único que tienen para vivir, y los ubiquen en algún albergue sin las mínimas condiciones de vida.
El rendimiento académico de sus hijas se ha visto afectado por la situación, y Antuanette sufre de padecimientos asociados al estrés. Ella ha recibido ayuda psicológica, pero asegura que la ayuda legal que reclama y necesita no ha llegado aún.
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Según consideran miembros de la familia, puede existir algún funcionario con intereses particulares en el inmueble, pues estarían intentando pasar por encima del dictamen del Tribunal que declara a Antuanette inocente del delito cometido por su pareja.
El código penal cubano clasifica al traficante de drogas, entre otras categorías, como el que “cultive marihuana, u otras plantas con propiedades similares, o al que posea semillas o partes de dichas plantas”.
Las sanciones por tráfico de drogas en Cuba oscilan entre 4 y 30 años de prisión, y pueden llegar hasta la pena de muerte. La ley también avala la confiscación de bienes del sancionado, si el tribunal estima que estos tienen relación con el delito cometido.
El 2017 se ocuparon en la isla unas 67 549 plantas de marihuana y 111 434 semillas, "a pesar de que el clima cubano no permite el cultivo de la marihuana, y la que se siembra es de muy mala calidad", comentó a Granma Israel Ybarra Suárez, funcionario de la Comisión Nacional de Drogas.
A partir de la legalización del Cannabis en varios países y regiones, ha crecido en Cuba la aceptación social del consumo. Sin embargo, recientemente las autoridades aduaneras advirtieron a viajeros internacionales que la sustancia está completamente prohibida en la isla, inlcuso en cigarrillos electrónicos.
