Las autoridades del régimen en La Habana andan con el talonario de multas suelto, como se dice en buen cubano. Podría decirse que medidas más ejemplarizantes y fuertes son las que necesita Cuba, y sobre todo su capital, para contener la propagación de coronavirus, pero cuando las penalizaciones se dan en cifras sumamente incoherentes con los salarios de la isla, los matices y argumentos pueden transitar por otros caminos.
Un reporte del oficialista Tribuna de La Habana refiere que desde que el 1 de septiembre entrara en vigor el decreto 14 de 2020 del Consejo de Ministros, que otorga facultades al gobernador de La Habana para imponer multas de 2 000 y 3 000 pesos a los que violen las medidas adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19, y hasta el viernes 4 de septiembre, se habían aplicado un total de 1 872 multas.
De ellas, 1 824 de 2 000 pesos y 48 de 3 000 pesos, montos unitarios que equivalen a 80 y 120 dólares al cambio oficial, respectivamente, muy distantes del salario medio en el país y que permitieron que la recaudación del régimen en apenas unas jornadas ascendiese a cerca de cuatro millones de pesos, exactamente tres millones 792 000.
Si fueron impuestas justamente, para castigar violaciones a las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus, muchos aprobarán el elevado número y cuantía de las sanciones. Sin embargo, en un país agobiado por una crisis y escasez crónicas, siempre acompañadas de salarios simbólicos y falta de circulante de valor, tan alto número de multas y su monto no puede menos que resultar llamativo y hasta alarmante.
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Según el referido medio, al que ofreció datos el coordinador de Fiscalización y Control del Grupo Provincial del Gobierno, Orestes Llanes, las principales violaciones han estado relacionadas con el no uso o uso incorrecto del nasobuco (1 757 multas); incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en instituciones estatales o de trabajo por cuenta propia (34); realización de juegos o estancias en la vía pública (36); e ingesta de bebidas alcohólicas en lugares público (21).
También con la circulación de vehículos sin la autorización del Consejo de Defensa Provincial (CDP), motivo por el cual se han aplicado un total de 24 multas y, además, se les ha retirado la matrícula y la documentación a los infractores.
Las sanciones impuestas por el decreto 14 de 2020 no tienen bonificación y deben pagarse dentro del plazo de 10 días naturales, tras los cuales el monto se duplica.
“Transcurridos los 30 días naturales posteriores a la duplicación de la multa, de no realizarse el pago, la autoridad facultada formula la correspondiente denuncia para dar inicio al proceso penal”, recuerda el medio oficialista, que además intenta explicar un proceso de apelación para los casos en que exista inconformidad, que, a priori, no parece llevará a muchos a demostrar su inocencia o la injusticia que se podría haber cometido con ellos mediante la imposición de la multa.
De cualquier forma, justas o no justas, y visto de manera rápida, lo cierto es que en La Habana, con la lucha anticoronavirus como bandera, las multas están a la orden del día y los policías e inspectores andan con sus talonarios sueltos, repartiendo sanciones como si el dinero abundara.
