Opositores, periodistas y miembros de la sociedad civil denuncian un incremento en las detenciones y amenazas con que tradicionalmente la Seguridad del Estado en Cuba intenta acallar las voces críticas al régimen castrista.
La escalada represiva, que comenzó en los días previos al referendo constitucional del pasado 24 de febrero, se ha intensificado con arrestos diarios que en ocasiones derivan en casos judiciales fabricados.
Las Damas de Blanco y La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) son las organizaciones cuyos miembros más frecuentemente son víctimas del acoso de la policía política, la policía nacional y posteriormente un sistema judicial instruido en castigarlos o desatender sus denuncias.
Un caso que llamó la atención del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es el de la Dama de Blanco y miembro de la UNPACU Aymara Nieto, acusada de delitos de desacato y resistencia al arresto.
Aymara había sido detenida 50 veces antes y todas fue liberada sin cargos. El arresto que condujo a la acusación actual está grabado íntegramente en un video que circula en las redes sociales y en el cual no se aprecia ninguna actitud violencia por parte de la acusada.
Varias activistas que pretendían acompañarla o presentarse como testigos durante el juicio, fueron detenidas mientras se acercaban al tribunal de.
La incorporación de internet por datos móviles a la vida de muchos cubanos, ha sido fundamental en que el gobierno cada vez pueda esconder menos la violencia que ejerce contra quienes asumen los riesgos de expresarse y asociarse en libertad en la Isla.
Un reciente informe de la ONG Cuban Prisoners Defenders, revela que en Cuba hay más de 100 mil presos en cientos de instituciones carcelarias de todo tipo.
Cuba nunca revela datos sobre su población penitenciaria.
De confirmarse la cifra denunciada por esta ONG, la Isla tendría más de 950 presos por cada 100.000 habitantes, lo cual la convertiría en el país con mayor población reclusa per cápita en el mundo.
Cuban Prisoners Defenders asegura que los tribunales cubanos inventan pruebas falsas para ejecutar sentencias sin ningún obstáculo.
“Elaboran provocaciones y expedientes delictivos, desbordados de artimañas y manipulación, (…) con el objetivo de encarcelar y sacar de circulación a activistas DDHH, periodistas independientes y comunicadores, artistas contestatarios, religiosos, y a todo aquel que alce su voz contra la injusticia”—puede leerse en una carta escrita a mano y firmada por cinco reclusos plantados en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande.
En los últimos días también se vuelven frecuentes las denuncias de ciberataques contra opositores. Más de 10 cuentas personales de la red social Facebook se encontrarían en poder de la Seguridad del Estado, quien en complicidad con el monopolio de telecomunicaciones ETECSA, jaquea con absoluta eficacia, para generar confusión y rivalidad entre los activistas.
