El arribo masivo de cubanos a las fronteras de Uruguay en medio de la crisis por el coronavirus es motivo de preocupación para las autoridades de ese país, específicamente para las del departamento de Rivera.
La entrada de los cubanos y otros emigrantes al territorio uruguayo alarman porque varios podrían haber contraído la COVID-19 en su camino hacia Uruguay. A quienes lleguen en esas condiciones se les realizan pruebas para detectar el virus.
“El problema es que dependiendo del tipo de test que se aplica, varía la velocidad de respuesta. Si el resultado del test fuera de 24 horas o más, la espera implicaría dar alojamiento para que las personas puedan hacer cuarentena, algo para lo cual se estudia contar con un centro de contención en el departamento de Rivera”, informó ICN Diario.
El sábado anterior llegó a ese territorio otro nacional cubano, quien fue testeado, al igual que otros extranjeros, para detectar el virus.
Los cubanos que llegan a la frontera de Livramento optan por ingresar a Uruguay bajo el status de refugiados. De esta manera evaden que Migraciones les niegue la entrada al país. Luego de esto, según reporta ICN Diario, se trasladan a Montevideo y renuncian a ser refugiados para poder adquirir una cedula de identidad para trabajar o trasladarse dentro del Mercosur.
Los cubanos escapan de la Isla con visado libre hacia Guyana, uno de los pocos países que permite esto a Cuba. Ya allí emprenden el viaje a través de Brasil, que presentan un elevado número de casos positivos al coronavirus, hasta llegar a la frontera de Livramento donde presentan la solicitud de refugio.
Por otra parte, hace pocos días fue noticia que alrededor de una treintena de familias cubanas y dominicanas residentes en Uruguay serían desalojadas esta semana, luego de que Justicia negará una prórroga para el desalojo. Los cubanos fueron estafados por el titular del inmueble quien les vendió las habitaciones a la vez que les cobraba una cuota mensual por el espacio ocupado.
Según un reporte de ADN Cuba, Susana Nogaro la presidenta de la ONG Idas y Vueltas dijo que su organización presentará un nuevo recurso para que el Estado encuentre una solución para estas familias. Nogaro afirmó que “es impensable que en medio de la pandemia se deje a estas familias en la calle”. Entre los desalojados se encuentran 46 personas, cinco menores de edad y una embarazada de cuatro meses y tres mayores de 60 años.
En ese entonces el gobierno adoptó medidas para evitar la propagación del virus como cerrar las fronteras, suspender los vuelos, clases y eventos con aglomeración de personas.
