Se trata de Alfredo Molina Cutiva, un ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después de dejar las armas se dedicó a actividades comerciales, pero sin desvincularse de su totalidad de actividades ilegales como el narcotráfico y el terrorismo.
Fue detenido en un operativo, realizado por la Dijín, la Fiscalía y la DEA, el 8 de agosto del 2019 en Armenia, Quindío. Posteriormente, trasladado al complejo carcelario La Picota y solicitado por el gobierno de los Estados Unidos.
En Colombia se le imputan cargos como concierto para delinquir, tráfico de drogas y se le atribuye la responsabilidad de un atentado de una ‘casa-bomba’ en Neiva en el año 2003. Por otro lado, en Estados Unidos es acusado por “concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína para importación a los Estados Unidos y Ayuda e Instigación”.
La solicitud de extradición fue formalizada el 4 de octubre de 2019 por la Embajada de los Estados Unidos. Además, tiene vigente una acusación número 1:19-cr-233, dictada el 9 de julio de 2019, por la Corte Distrital de los Estados Unidos.
Mediante la Resolución Ejecutiva 056 de 2020 expedida el 19 de marzo por el jefe del Estado y la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, fue aprobada la solicitud de extradición, sin embargo, se encuentra detenida debido a las medidas adoptadas para frenar la propagación de la pandemia.
Se evalúa la posibilidad de adelantar esta extradición con un vuelo extraordinario, ya que también es solicitado Aldemar Soto Charry, otro ex combatiente de las FARC, quien presuntamente fue su cómplice en el atentado de la ‘casa-bomba’ y que también tiene cargos por distribución de drogas, pero deberá ser juzgado primero por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
