Descemer Bueno, el famoso cantautor cubano, pidió este 24 de abril que las autoridades del régimen intervengan para acabar con los abusos policiales “que se están viendo en las redes”.
Descemer no especificó qué tipo de abusos son exactamente, si los muchos que se comenten contra periodistas y artistas independientes, o los que hace poco figuran en Internet contra personas comunes por incumplir las normas de distanciamiento social.
“Como artista, como músico, como hombre, como buen cubano quiero pedir muy respetuosamente a las autoridades de mi país que hagan todo lo que esté en sus manos para impedir los abusos policiales que se están viendo en las redes”, declaró el compositor.
En cualquier caso, muchos usuarios celebraron la declaración del artista y otros lo criticaron, según ellos, porque su postura no es lo suficientemente crítica con el sistema y no ha sido consecuente.
El activista por los derechos LGBTI Jancel Moreno declaró: “¿Pudieras también expresarte contra el decreto ley 370? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes que se están haciéndole a los cubanos?”
Otro usuario, Raúl Puri Oquendo, dijo en tono irónico: “al fin amigo, nunca es tarde cuando la dicha es buena, lo felicito. Por algo se empieza, haz el cacerolazo hoy, dale, ¡abajo la dictadura y la represión!”
“Bien por ti, hay que sumar a todos con ese reclamo”, declaró, en cambio, Yusiel Ramírez.
ADN Cuba ha reportado varios casos de arbitrariedad y abuso nada más durante el último mes. Por ejemplo, la dama de Blanco, Micaela Roll Gibert, denunció el 8 de abril que le pusieron una multa de 300 pesos (12 dólares) por quitarse un momento el nasobuco cuando hacía cola para comprar pollo en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
El día 17, la activista cubana Oylin Hernández Rodríguez denunció que el régimen cubano había multado una la madre de dos niños en Caimito, provincia de Artemisa, solo “por bajarse el nasobuco para tomarse un helado después de varias horas en una interminable cola”.
Mientras tanto continúa el acoso contra periodistas y artistas independientes, amparado por el decreto ley 370, llamado también Ley Azote contra la libertad de expresión y de prensa.
El 18 de abril, el régimen, a través de su policía política, impuso una multa de 3 mil pesos (120 dólares) a la periodista independiente, Mónica Baró, quien se negó a pagarla. Los agentes le dijeron que si no la pagaba se duplicaba, se triplicaba, y que el asunto podía terminar en Fiscalía.
