Aunque predomina el criterio ciudadano de que alimentos y productos de aseo personal sean distribuidos y comercializados mediante la cartilla de racionamiento, como medida complementaria del aislamiento social ante el avance del COVID-19, no pocos residentes en La Habana consideraron que esta medida es también excluyente.
“Qué sucede entonces con las personas que residimos en la capital, por X o Y razones, pero que no tenemos libreta de abastecimiento”, opinó Laura Daniela, oriunda de Cienfuegos, quien cursa una licenciatura en la Universidad de La Habana y junto a una compañera de estudios vive alquilada.
“Miles de personas, con residencia temporal y otros que quedaron varados por la cuarentena, estamos excluidos de estas regulaciones y, por ende, estamos obligados a transitar las calles en busca de alimentos y artículos de higiene y aseo personal. Estamos a merced de las leyes y precios del mercado negro”, añadió Laura Daniela.
Sus padres, en Cienfuegos, viven angustiados pues apenas pueden sufragar poco más de los gastos del alquiler; “y tampoco pueden costearse el envío de paquetes de alimentos porque simplemente no hay”, lamentó la estudiante.
El estado de opinión generalizado, entre los ciudadanos encuestados, apuntó a que las medidas anunciadas e implementadas por las autoridades del régimen no son fallidas; “lo que falla es el procedimiento y la manera de llevarlas a término, pero esa ha sido la constante antes de la pandemia y en este transcurrir”, concordó Maritza Domínguez, asentada y alquilada en La Habana desde hace dos años en busca de mejores ofertas de empleo.
“La venta exclusiva por la libreta de abastecimiento es discriminatoria y da la espalda a las personas en situación irregular por motivos de fuerza mayor. Ni siquiera podemos comprar en las tiendas en CUC, que es la única alternativa que teníamos los migrantes, que no somos pocos”, indicó Domínguez, en referencia a otra de las medidas implantadas ante la expansión del COVID-19: la venta de alimentos y productos de primera necesidad, también mediante la cartilla de racionamiento, en las redes de tiendas TRD y Cimex.
Las estadísticas oficialistas reflejan que más del 53 por ciento de las viviendas en La Habana llegaron a contar con al menos un inmigrante. Según el censo de 2012, en la capital existen un total de 709 mil 895 viviendas entre particulares, locales de trabajo y colectividades.
“Si nos guiamos por esos números, que el propio Gobierno ha divulgado, entonces no habría que ser un experto en matemáticas para concluir cuántos cubanos, en La Habana, estamos siendo excluidos”, argumentó Sara Martínez, oriunda de Villa Clara, quien desde hace tres años vive alquilada en la barriada de Santo Suárez.
Reducir la movilidad de la ciudadanía abasteciendo establecimientos cercanos a las viviendas en cada comunidad ciertamente es una medida acertada, “pero que esa habilitación solo implique a quienes tienen libreta de abastecimiento es contradictoria”, cuestionó Ingrid Báez, madre de dos menores de edad.
“Obviar que existimos, a los que migramos a La Habana, en medio de la pandemia es un paso en falso, pues suponemos un grupo de riesgo de contagio al tener que salir a las calles a conseguir comida. En vez de la libreta de abastecimiento, debería ser mediante el carnet de identidad”, sugirió Báez, quien paga 100 CUC de alquiler mensualmente.
Para los habaneros, el incremento del control y la regulación ante el aislamiento social no tiene éxito si únicamente se recurre “al maquillaje” del problema y no se “atienden a los grupos de riesgo”, concordó por su parte Sandra, una doctora matancera que está prestando servicios, desde hace un año, en la capital de la isla.
“La idea es contener la propagación de la epidemia, y para eso no puede tenerse en cuenta solamente a una parte de la población, sino a todos. El coronavirus no distingue en quien tiene, o no, libreta de abastecimiento. En teoría la praxis está enfocada, pero bajo ningún concepto se puede crear un círculo de exclusión que significa vulnerabilidad ante una pandemia que, hasta el momento, va in crescendo en el país”, puntualizó Sandra.
La constricción del régimen, concordó una fuente en la dirección provincial de Salud Pública, “no podrá detener el avance del COVID-19”.
“Antes bien lo acrecentará, pues las divisiones subyacentes, como está de recurrir solamente a la libreta de abastecimiento como vía de racionar lo poco que hay, pueden operar como acelerantes” de una crisis ya existente antes de la pandemia, concluyó la fuente.
