Artículo 19 denuncia “detención injustificada” de jóvenes activistas cubanos

La organización internacional de derechos humanos ARTICLE 19 (Artículo 19) denunció el lunes la “detención injustificada” en Cuba de los jóvenes activistas Sulmira Martínez Pérez y Alejandro Garlobo Aleaga, presos en el principal cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana.

“ARTICLE 19 manifiesta su profunda preocupación por la detención injustificada de lxs (sic) activistas por la libertad de expresión, Sulmira Martínez Pérez y Alejandro Garlobo”, manifestó en Twitter la ONG.

En su declaración, el grupo defensor de derechos civiles recordó que “la libertad de expresión y el derecho a la protesta social es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado a la luz de los estándares interamericanos. La CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] considera este derecho como requisito indispensable para una sociedad democrática”.

¿Por qué detuvieron a Sulmira Martínez y Alejandro Garlobo?

Martínez Pérez, de 21 años, lleva más de dos meses detenida en la sede de la Seguridad del Estado conocida como “Villa Marista”. La joven residente en el poblado La Guásima, del municipio habanero Arroyo Naranjo, fue arrestada el pasado 10 de enero luego de que, en un perfil de Facebook administrado por ella, se publicara el siguiente post: “Necesitamos organización... corran la voz!!! Planificamos otro 11 de julio”, en alusión a las históricas protestas de 2021 conocidas como “el 11J”.

Conocida en redes sociales como "Salem", se le acusa del presunto delito de "propaganda contra el orden constitucional" por expresarse en redes sociales contra el régimen cubano. Tras la entrada en vigor, en diciembre pasado, del nuevo Código Penal, ese delito es castigado con sanciones que van desde los cuatro hasta los diez años de privación de libertad.

En Villa Marista también se encuentra recluido Alejandro Garlobo, desde su detención el 2 de marzo último. Su esposa Isayris Díaz dijo a ADN Cuba que a más de diez días de su arresto “todo sigue igual” respecto a su caso, y que el activista “aún está bajo investigación”.

El joven de 34 años fue uno de los cientos de detenidos durante la persecución posterior al estallido popular de julio de 2021 (11J). Aunque lo liberaron después, volvió a caer bajo arresto por responder a la convocatoria de una Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre de 2021 (15N).

El pasado viernes, la esposa de Garlobo fue citada por la policía política para un interrogatorio y le hicieron un registro en su casa, donde no encontraron nada incriminatorio, según agregó Isayris Díaz en declaraciones a esta redacción.

De acuerdo con el abogado y defensor de los derechos humanos Fernando Almeyda, a Garlobo presuntamente “se le imputa el artículo 143 del nuevo Código penal”.

El Artículo 143, incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado”, establece una sanción de cuatro a diez años de privación de libertad para quien “por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional (…)”.

Almeyda, asesor legal de la ONG Prisioners Defenders, explicó a ADN Cuba que “Garlobo forma parte de las personas que reparte ayuda humanitaria a ciudadanos cubanos y familias de presos políticos con necesidades, medicamentos, sobre todo, y eso también les molesta [a las autoridades]”.

El lunes 13 de marzo, Artículo 19 hizo un llamado “al Estado cubano para que cese todo acto de hostigamiento, intimidación y amenaza en contra de activistas y personas defensoras de DDHH en Cuba, y se asegure de respetar las garantías al debido proceso de lxs (sic) activistas Sulmira y Alejandro”.

Reprimir, una política sistemática de Gobierno cubano

Artículo 19 documentó 403 agresiones ocurridas durante 2022 contra comunicadores independientes y activistas a favor de la libertad de expresión en Cuba. El 81 de % de esos ataques fueron cometidos por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE), según reveló en su informe “Silencio y destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba”.

“La violencia de Estado contra cualquier voz crítica no es nueva en la isla, pero da cuenta del recrudecimiento de esa violencia y cómo se ha agudizado particularmente contra las expresiones críticas de la comunidad artística, periodística o de derechos humanos”, expresó la pasada semana Leopoldo Maldonado, director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, durante la presentación virtual del informe.

Agentes del DSE y policías protagonizaron 330 agresiones del total de las registradas contra periodistas y activistas por la libertad de expresión. La ONG explica que fueron mayormente detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios.

Según Maldonado, la persecución aumentó tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021 como parte de una “violencia sistemática en contra de los derechos y libertades elementales”.