Familias de Nicaragua temen vacunar a sus hijos menores de edad con fármacos anti COVID-19 producidos en Cuba, tras la aprobación del uso de emergencia para Soberana y Abdala emitida por la Autoridad de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa) del país centroamericano.
El rechazo ocurre porque las vacunas cubanas no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y prefieren esperar a que ésta de el visto bueno, según varias familias consultadas por el medio nicaragüense Confidencial.
“Esperaré a que sea aprobada porque la verdad no hay mucha información acerca de esta vacuna y sería un riesgo”, dijo Luisa Alemán, madre de un niño de tres y una niña de once años.
El 2 de octubre el Minsa anunció que aplicará Soberana y Abdala de forma voluntaria a 2 102 366 niños y adolescentes, a partir de la tercera semana de octubre. Hasta el momento, es la única información que se conoce sobre el proceso de inmunizar a menores de edad.
El régimen de Daniel Ortega no se ha referido a la seguridad de las vacunas pese a que es una de las principales preocupaciones de los padres de familia, añadió Confidencial.
Una madre identificada como “Catalina” tampoco vacunará a su hija de 10 y a un adolescente de 17 años: “Nadie sabe si son seguras y no hay que andar jugando con la salud de los niños”.
“Fátima”, mamá de una niña de cuatro años señala que no hay certeza de la eficacia de los fármacos en los menores de Cuba. “Los únicos que hablan de ésta son los mismos medios cubanos y esto no da credibilidad. Siento que vienen al país para probar en nosotros su eficacia o efectos”, dijo.
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Un médico consultado por Confidencial bajo condición de anonimato para evitar represalias, recomendó a los familiares “esperar más estudios” para decidir inocular o no a sus niños.
Otra fuente médica también consideró que “faltan estudios internacionales que la avalen” porque los datos disponibles hasta ahora son “cubanos” y “hablan maravillas”.
“Javiera” y su esposo decidieron no vacunar a su pequeña de seis años, porque ni la OMS ni la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las autorizaron todavía.
“Si ninguna de estas organizaciones aprueba su aplicación y, mucho menos, en menores, nosotros como padres de familia no podemos confiar en llevar a nuestros niños a vacunarse”, dijo Javiera.
El epidemiólogo Alfonso Rosales criticó la estrategia del gobierno sandinista y señala que la población prioritaria a vacunar son los mayores de 50 años.
“Nicaragua no tiene ni siquiera el 6% de su población vacunada, ¿cómo se les ocurre empezar a vacunar a la población infantil? El riesgo de transmisión de la población infantil es mucho menor que en la población adulta. El riesgo de hospitalización es mucho menor que la población adulta”, declaró el experto.
