Cae alias ‘Julián’ y ‘Cabezas’, miembros de las disidencias de las FARC
Dos importantes capturas se dieron a combatientes de las disidencias de las FARC, uno de ellos había sido cobijado por el acuerdo de La Habana.
Uniformes de las disidencias

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, confirmó la captura de alias ‘Julián’, sindicado de participar en el secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, tres comunicadores del periódico El Comercio de Quito en marzo de 2018.

Lino Julián Ruíz Segura, alias ‘Julián’, pertenecía al frente ‘Oliver Sinisterra’ de las disidencias de las FARC dedicadas al narcotráfico, que para esa época estaba al mando de alias 'Guacho'.

Los periodistas fueron secuestrados por hombres de ‘Julián’ en la frontera entre Ecuador y Colombia, quienes habían viajado a la frontera para reportar la crítica situación de orden público que se registraba en la zona debido a la presencia de las disidencias.

Según investigaciones, una vez capturados por el grupo armado, fueron trasladados hasta Colombia, a una zona rural de Tumaco en Nariño, donde permanecieron en la vereda Los Cocos hasta la noche que fueron asesinados bajo las órdenes de ‘Guacho’.

Además, contra ‘Julián’ se tiene una orden de captura desde junio de 2018, en la que también se le señala de haber participado en la activación de un carro bomba en San Lorenzo, Ecuador, en enero de ese mismo año.

Según Lenin, la captura de ‘Julián’ se dio por medio de la coordinación entre la Policía colombiana y ecuatoriana, en territorio perteneciente a Ecuador; asimismo, se han dado diversas capturas a varias fichas del frente 'Oliver Sinisterra'.

Por otro lado, el Ejército Nacional de Colombia logró la captura de Osvar Males Burbano, alias ‘Cabezas’, señalado de ser el quinto cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las FARC que operan en el Cauca.

‘Cabezas’ estaba acreditado como excombatiente de las FARC en el marco del acuerdo de La Habana con el Gobierno Nacional.

El individuo es investigado por las amenazas a la población civil, líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal y los excombatientes de las FARC que residen en ese poblado del sur del departamento.