España rechaza petición de Mailén Díaz Almaguer de investigar accidente aéreo al que sobrevivió

La justicia española no investigará el accidente aéreo ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 201, al rechazar una querella en la Audiencia Nacional de la única sobreviviente de la tragedia, la cubana Mailén Díaz Almaguer, y de familiares de una de las víctimas.

Según la prensa española, Díaz Almaguer había solicitado una investigación a la compañía mexicana que operó el avión, Global Air, y a su director general, de nacionalidad española, Manuel R. C.

La presencia de un demandado español sostenía la competencia de un tribunal español, por ser un supuesto delito de un español en el extranjero. La demanda imputaba “113 delitos de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones”.

En la demanda, interpuesta hace poco más de dos semanas, se denunciaba que la tripulación “no contaba con la formación adecuada para responder de forma eficiente” para una emergencia como la que se produjo en el aeropuerto habanero en 2018. También se sostenía que el avión rentado por Cubana de Aviación “no se encontraba en estado de ser operado con seguridad”.

Díaz Almaguer, que quedó tetrapléjica y perdió una pierna como consecuencia del accidente, y el hijo y la nieta menor de edad de una de las víctimas, Pedro Luis Trujillo y Aietana Trujillo, de nacionalidad española y residentes en Madrid, fueron los demandantes.

Estos sostenían que “se vulneraron las normas más elementales de cuidado, materializadas en la vulneración de la normativa relativa al mantenimiento de la aeronave, poniéndose en riesgo la vida de 114 personas”.

Tras el reconocimiento del caso, el juez español Santiago Pedraz acordó, con el respaldo de la Fiscalía, negar la petición de demanda y, por lo tanto, rechazar la investigación. Según el diario español “La Razón”, el magistrado concluyó que los hechos denunciados, tras supuestas “deficiencias de seguridad” no “pueden constituir delito alguno”.

“Resulta evidente la dificultad de imputar al responsable de Global Air un delito de imprudencia grave cuatro años después del hecho y lejos del lugar del mismo y sin contacto con las autoridades tanto del lugar del accidente como del país donde radicaba la sociedad”, precisó el juez.

Pedraz apuntó en su informe a la Fiscalía que, aunque el querellado fuese director general de la compañía aérea, “no se puede, sin más, atribuírsele penalmente una responsabilidad de tal grado en el accidente”.

Tras la tragedia aérea, la compañía consideró que la culpabilidad fue de la tripulación, “que despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la aeronave”.