La Ley SSAN y el control de la agencia como forma de dominación

Por Germán Quintero, Coordinador Académico Food Monitor Program

El pasado 28 de octubre, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) de Cuba entró en vigor. Esta fase supone la implementación de la ley SSAN de manera transversal, y pretende involucrar no solamente al Ministerio de Agricultura, sino a entidades del orden nacional, autoridades locales y la “sociedad civil”.

La norma, propuesta desde inicios de este año, busca generar los lineamientos jurídicos necesarios para fomentar la autosuficiencia del sector productor de alimentos en la isla. Asimismo, busca fomentar prácticas y métodos de manejo de alimentos para procurar mayores niveles de inocuidad y la descentralización de la producción, comercialización y venta de los alimentos para los cubanos. 

Esta ley es un reconocimiento de la precaria situación de alimentación en Cuba por parte del régimen. A raíz de la situación de pandemia, acompañada de una pesada dependencia de importaciones, la tragedia del huracán Ian y de la fallida reactivación de la industria turística, el régimen cubano se ve en la necesidad de tomar medidas (o aparentar hacerlo) que den un alivio a la situación económica. La Ley SSAN aparece en momentos de rampante inflación, cortes de luz y escasez de alimentos.

Desde el mes de octubre se han llevado a cabo una serie de conferencias y talleres que buscan generar mecanismos para implementar algunas políticas derivadas de esta ley. Ejemplo de ello es el postgrado en Seguridad Alimentaria que inauguró la Universidad Agraria de la Habana.

En realidad, es una validación de una finta que cuenta con el apoyo de la FAO, como garante internacional, y cuyo objetivo es dar una sensación de confianza y fiabilidad de la medida adoptada. El propósito general de la ley SSAN es la adaptación de insumos locales y autóctonos para la producción de alimentos de consumo masivo y cotidiano. Entre otras medidas, el régimen le apuesta a iniciativas de sustitución de ciertos insumos, como el trigo, para la producción de pan a partir de la harina de yuca. Como parte del compromiso internacional con Cuba, la FAO ha prometido la rehabilitación de 35 mil hectáreas para la producción de alimentos en la provincia Pinar del Río.

Importantes representantes de la FAO, como Israel Ríos, oficial de nutrición de esa institución, respaldan la iniciativa debido a que promete una verdadera medición de la situación de seguridad alimentaria en el país. La descentralización y el desarrollo de las iniciativas de seguridad y soberanía alimentarias serán escenarios de participación de las comunidades, dijo Marcelo Resende, representante de la FAO para Cuba. Parte del articulado de esta ley está dedicado a establecer el rol que tendrán los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil oficialista. A manera de ejemplo, las comisiones municipales tendrán espacio para el desarrollo de las iniciativas que buscan materializar los objetivos de esta ley.

Esta vez las iniciativas del gobierno parecen estar encaminadas en buen rumbo, aunque no necesariamente lleguen a feliz puerto. La entrada en vigor de la ley SSAN se da en un escenario complejo. Ya son 224 607 cubanos los que han migrado hacia los Estados Unidos desde octubre de 2021.

La inflación hace que los salarios no alcancen para la compra de alimentos esenciales en la dieta cubana: una libra de arroz a 80 CUP (0.47 USD), un litro de aceite a 750 CUP (4.47 USD), el cartón de huevos a 1200 CUP (7.15 USD). Para poder tener una perspectiva, es necesario comparar estos precios con los salarios de personas que tienen una profesión que en la mayoría de los países del mundo es bien remunerada. Los médicos, por ejemplo, pueden ganar mensualmente entre 4000 CUP (23.80 USD) y 5180 CUP (30.83 USD), lo que alcanza aproximadamente para 4 cartones de huevos; un funcionario de gobierno, cuya formación es notoriamente menos rigurosa que la de un médico puede ganar cerca de 7000 CUP (42 USD).

Para efectos ilustrativos, comparado con República Dominicana que, según datos del Banco Mundial, es un país de ingreso medio-alto (como Cuba, según la misma fuente) el cartón de huevos puede costar unos 241RD (4.41 USD), en un país cuyo ingreso anual per cápita es de 8200 USD (cerca de 683 USD mensuales). Las cifras de ingresos son dicientes, no basta con un empujón a la producción local para menguar la situación de inseguridad alimentaria. Con los niveles productivos que Cuba ha logrado en este año, que siguen en tendencia decreciente, el régimen cubano tendría que aumentar el gasto público en medidas que su situación económica actual no le permite.

Asimismo, como se mencionó arriba, la implementación de las políticas derivadas de la ley SSAN suponen una adaptación en la producción y, consecuentemente, en la dieta de los cubanos. Frei Betto, asesor de la FAO, ha insistido en la utilización de la harina de yuca como sustituto viable de la harina de trigo para la producción de pan. Esto supone un riesgo para la población cubana en dos sentidos.

En primer lugar, la harina de yuca tiene, gramo a gramo, menos proteína, menos fibra y energía que la harina de trigo. Aunque no contiene gluten, el consumo de la yuca y la harina de yuca tiene un mayor contenido de azúcares que la harina de trigo y un alto consumo de esta puede perjudicar a personas que tengan problemas de diabetes, o condiciones de similar naturaleza. Esto quiere decir que la situación de seguridad alimentaria de las personas no mejoraría con una sustitución de productos, sino que inclusive puede empeorar, al generar situaciones de desnutrición, sobrepeso o comorbilidades relacionadas al consumo de este tipo de productos.

En segundo lugar, como agravante, este tipo de sustituciones de alimentos, que de ser implementadas afectarían a toda la cadena de producción y consumo, atentan contra uno de los principios fundamentales de la seguridad alimentaria: la agencia.

La agencia no constituye uno de los pilares de la seguridad alimentaria como los entiende la FAO actualmente, pero desde la cuadragésimo séptima sesión del Comité de Seguridad Alimentaria de 2020 se viene considerando como una de las dimensiones que debe tenerse en cuenta a la hora de generar políticas que busquen asegurar la alimentación adecuada de una población. La agencia, vista como una dimensión de la seguridad alimentaria, tiene estrecha relación con el derecho a la alimentación, en la medida en que éste no se limita a “solamente prevenir el hambre” sino que busca “asegurar la salud y el bienestar”.

La agencia, según Jennifer Clapp, se refiere a la capacidad de individuos o grupos para ejercer un grado de control sobre sus propias circunstancias y proveer a los gobiernos de un insumo importante para la toma de decisiones.  Es, según el informe del Comité, la capacidad que tienen los individuos de escoger qué alimentos comen, producen, procesan y distribuyen. Este principio, reconocido pero no adoptado, incluye de manera comprehensiva el ejercicio de los derechos individuales, su bienestar físico y emocional, por medio del reconocimiento de la libre elección de los alimentos a consumir.

El principio de la agencia es también abogar por la identidad sociocultural, una identidad alimentaria que juega un papel crucial en nuestras vidas y en la manera en que construimos sociedad. Todos los seres humanos usamos de una u otra forma la identidad alimentaria como una expresión de la identidad colectiva y personal. No permitir la elección de alimentos es transgredir una expresión de las libertades civiles, expresada a través de la elección de alimentos.

La ley SSAN es, entonces, si no un saludo a la bandera, una forma de control que aunque pareciera descentralizarse, legitima al Estado para introducir más cambios en la manera en la que los cubanos se alimentan. Su implementación implicará la transformación de las costumbres alimentarias y un gasto público enorme que es difícil de costear. Es, en suma, otro mecanismo de regulación de la conducta de la población, al que podríamos llamar dominación.