Tragicomedia de las divisas y la Aduana
A golpe de úkase y prohibición, el gobierno intenta controlar el flujo de divisas fuera del país, verdadera hemorragia que ha dejado las arcas nacionales sin dólares.
Las medidas buscan arrebatarle el negocio a las mulas

A partir del 17 de noviembre no se podrá entrar ni sacar de Cuba un solo peso convertible. La disposición emitida el 15 de octubre por la Aduana dice que “sólo podrán llevarse del país dos mil pesos” no convertibles, equivalentes a unos 80 dólares americanos.

El objetivo de la medida —aunque se diga que “es luchar contra el terrorismo internacional y el lavado de dinero”— es castigar a los comerciantes semi-clandestinos llamados “mulas”, quienes deberán solventar su importación extra a la reentrada, pero con divisas verdaderas, las que logren traer consigo.

Las mulas tendrán que cambiar en CADECA las divisas que consigan “luchar” desde antes, porque pocas personas salen en verdad a ganarlas fuera de la Isla.


Pero la norma tampoco vislumbra qué va a pasar con los cubanos y extranjeros una vez traspuestos esos sitiales donde deberán decomisarle cualquier cosa, tanto en puertos marítimos como aeropuertos, que constituyen únicas vías de escape para desesperados económicos de dentro.

No se ha promulgado otro edicto real que especifique en cuál moneda podrán pagarse los servicios y mercancías que se ofertan en los aeropuertos. Incluso veterinarios, de salud asistida o exportación de obras y patrimonio tolerados.

Las pobres empleadas de limpieza, en baños, y dependientes de cantinas que viven de la propina que “los turistas dejan”, tiemblan con la sola idea de que “nos lo quiten todo cuando termine el turno”.

Muchos de los trabajadores de esas zonas reguladas se precian de conseguir en los comercios “de afuera” —en el salón previo al ingreso laboral—, todo lo que usualmente falta en sus respectivos municipios.

La desesperación por retener divisas —que aún se fugan hacia destinos más deseables que el insular—, más el recrudecimiento del embargo, ha obligado al gobierno a dictar leyes urgentes.