Cuba implementa nuevas regulaciones sobre el uso del espectro radioeléctrico, y con ello hace gala de otra estratagema que desvela una violación internacional según los estándares y reglamentos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para nuestra región.
Desde 2004, aproximadamente, se comenzó a gestar en La Habana una red privada, mal llamada “clandestina”, con fines puramente lúdicos: la Snet, que actualmente acoge a más 20 mil usuarios de toda la ciudad de La Habana y más allá.
Snet ha logrado alcanzar una estabilidad superior a la de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), pues la velocidad de trasmisión de datos es impresionante. Sus equipos son los llamados MikroTik o NanoStation, con una capacidad de trasmisión cerca de los 600W (de 10 a 20 kilómetros) y que operan en una gama de frecuencias de 2.4HZ a 5 GHz (bandas no licenciadas).
Las “bandas no licenciadas” son aquellas frecuencias que no necesitan un permiso o notificación hacia las autoridades de comunicación o el regulador de telecomunicaciones, para la transmisión exclusivamente en las frecuencias de 2.4HZ a 5 GHz (libre utilización a nivel mundial); es decir la autorización y coordinación sobre densidad de potencia de irradiación, anchura de banda mínima, solo provienen de un convenio mutuo entre los usuarios, pero siempre teniendo en cuenta la inmunidad contra interferencia que es propio de la tecnología utilizada.
Está claro que cada país se reserva el derecho a legislar sobre el uso del espectro radioeléctrico, pero Cuba es firmante y asociado a las normas internacionales de la UIT desde el 1918, ha logrado a través del desconocimiento, sacar de la chistera constitucional palabras que apoyan sus acciones para llevarlas a cabo con el amparo de que “la constitución fue aprobada por todos los cubanos”.
El artículo 11 dice: “La Constitución de la República de Cuba establece que el estado ejerce su soberanía sobre el espectro radioeléctrico”.
Por otra parte, la nueva ley regulatoria del espectro radioeléctrico en Cuba establece que la licencia de operador de red tiene un valor de diez pesos cubanos (CUP), y una vigencia de dos años.
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Asimismo, emplear una antena inalámbrica exterior requiere de otra autorización por valor de diez pesos, con una vigencia de cinco años.
El trámite de la licencia solo podrá otorgarse al propietario del inmueble, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, deberá contar con la previa autorización del arrendador o propietario del inmueble.
Las nuevas normativas establecen también que los usuarios con redes personales al interior de sus domicilios, no requieren autorización siempre y cuando sea sin fines de lucro, y no excedan los 100 miliwatt (mW, equivalente a 200-300 metros) de potencia radiada efectiva.
El truco no reside en el pago simbólico de 10 a 20 pesos anuales para el autorizo y utilización de equipos que transmiten en el espectro radioeléctrico, que según la UIT, las frecuencias de: 2.4HZ a 5 GHz son bandas no licenciadas y no “deben” ser sujetas a tarifas por parte de los gobiernos o entidades de control del espectro radioeléctrico, pero si pueden (en dependencia del país) llevar un registro (no restrictivo) de las estaciones concentradoras de tráfico o nodos.
El truco consiste en eliminar la red Snet y otras tantas, y la importación de equipos tipos MikroTiks o NanoStation, ya que la potencia de irradiación de estos equipos superan lo establecido, en casi 600mW o más, equivalente a 10-20 kilómetros. Bajar su potencia supondría la inhabilitación de la red tal cuál opera en estos momentos.
“Ahora mismo, a inicios de 2019, en la capital de Cuba coinciden más de 20 mil personas en esa horda digital que aún sobrevive en una nebulosa legal, bajo la mirada de soslayo de las instituciones y con lentas conexiones como las de cualquier rincón de la ciudad”— puede leerse en una petición que ha sido lanzada por usuarios y administradores de Snet en la plataforma Change.org.
“Luego de las Resoluciones 98 y 99, este proyecto queda en peligro pues limitaría en todo su funcionamiento. Apoyen al Proyecto de SNET...”, concluye el texto de la petición.
Un usuario de la red contó a 14ymedio que “los administradores principales están recibiendo advertencias de la Seguridad del Estado de que a cualquiera que haga una convocatoria a marchar o presentarse en el Ministerio de Comunicaciones le pueden caer entre 3 y 5 años de cárcel”.
