Varios residentes de la provincia de Matanzas fueron sancionados por estar relacionados con el tráfico ilícito del analgésico Tramadol en el mercado informal de La Habana.
Una cubana, considerada la autora intelectual del delito y originaria de municipio Jaguey Grande, fue procesada por falsificación de documentos privados por rellenar recetas en blanco para comprar medicinas y comerciarlas en el mercado informal. La pena aplicada fue de seis años de privación de libertad.
También fueron sancionados otra mujer que ayudaba con el relleno de las recetas a un año de cárcel y dos médicos implicados. A estos últimos se les procesó por tráfico de drogas “en la modalidad del artículo 193, por haber prescrito sendas recetas de medicamentos controlados como similares a las drogas, sin los requisitos legales establecidos. Se les aplicó una multa de doscientas cuotas de diez pesos cada una”, señaló el semanario estatal Girón.
El medio de prensa precisó que la ciudadana compraba Tramadol en las farmacias de su territorio y en Jovellanos y Limonar; y después los vendía a mayor precio en La Habana.
“Con tal fin se agenció, sin precisar cómo, algunos modelos en blanco de recetas médicas que contenían impresos los cuños gomígrafos de diferentes galenos del sureño territorio. En cada uno de ellos plasmó nombres y números de identidad de personas inexistentes, además de la prescripción del fármaco por cantidades oscilantes entre 60 y 120 tabletas”, resaltó.
Los galenos recibían en sus domicilios a pacientes aquejados de dolores severos “y en desobediencia de la Resolución 1 de 2018 del Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, se arriesgaron a indicar el Tramadol, sin siquiera verificar los datos que los fingidos enfermos les ofrecieron”.
Cruzada contra la venta ilegal de medicinas
Estas penas responden al llamado del presidente designado Miguel Díaz-Canel, quien a inicios de agosto criticó la pasividad de las autoridades ante el crecimiento de la venta ilegal de medicamentos, sobre todo en grupos de redes sociales, y ordenó actuar contra ella porque, dijo, agrava la compleja situación que vive el país.
La ordenanza y anuncio de esta nueva cruzada del régimen contra vendedores y revendedores se produce en medio de un agudo desabastecimiento de medicamentos en la isla y el alza de contagios y muertes por coronavirus.
“Eso no se puede permitir y más ná… Nos está caldeando la situación con la población y estamos pasivos ante eso”, dijo el mandatario castrista con evidente molestia, al tiempo que invocó quejas populares por la situación de la venta ilegal a precios elevados y adelantó que se decomisarán los medicamentos objeto de la práctica para destinarlos de inmediato a hospitales, centros de aislamiento y otros centros de salud.
Al respecto, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, agregó que la ofensiva solicitada a las autoridades no es porque alguien venda un medicamento por una mínima ganancia, sino por personas que venden un blíster de pastillas en 2000 y hasta 3000 pesos.
Marrero instó a las autoridades locales a penetrar los grupos y estudiar detalladamente la situación para frenar el fenómeno, específicamente en lo concerniente a aquellos que venden a precios excesivos y para lucrar con una práctica ilegal.
En Ciego de Ávila se investigaban hace unas semanas 11 denuncias vinculadas al robo de medicinas en unidades del sistema de Salud.
