El régimen cubano forzó al exilio al pastor Enrique de Jesús Fundora, quien ahora se encuentra solicitando asilo político en Suiza.
De Jesús Fundora, que acompañaba material y espiritualmente a cerca de 40 familias de presos políticos del 11J, contó a Diario de Cuba que “"Me obligaron a salir del país, me abrieron un proceso (…) me custodiaron hasta el aeropuerto".
El religioso, líder en Cuba de una red de diez iglesias del Movimiento Apostólico, partió hacia Serbia a consecuencia de las constantes presiones de la Seguridad del Estado contra su persona y la de su esposa.
En conversación con DDC, narró que el Gobierno le dio una semana para abandonar el país, o de lo contrario les amenazaron con que serían procesados por su labor pastoral. Su esposa permanece en la isla junto a su hija.
"Ya nosotros habíamos recibido varias amenazas de ese tipo, pero esta última que me empujó a salir nos hizo temer más, porque miembros de la Policía me buscaron en la noche en la casa y me amenazaron de muerte”, expresó.
En noviembre de 2021 De Jesús Fundora fue interrogado en las oficinas de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado, en San José de las Lajas, Mayabeque. Entonces fue multado y le aplicaron un acta de advertencia por su trabajo con los familiares de los manifestantes.
En un video publicado por el religioso, reveló que durante el interrogatorio sus interrogadores estaban molestos “Por eso la Seguridad del Estado en Cuba se dedica a intimidar pastores, se dedica a intimidar a hombres de Dios, líderes, porque no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen ideales".
La comunidad religiosa se ha opuesto a la ola de violencia estatal desatada con posterioridad a las protestas antigubernamentales del 11J.
Las organizaciones Justicia 11J y Cubalex registraron que, de un total de 1395 personas detenidas tras las protestas en todo el país, 440 ya han sido enjuiciadas en procesos ordinarios.
La Físcalía General de la República, tras más de seis meses de silencio sobre los juicios a los manifestantes, confirmó que 790 de ellos están en la cárcel con medida cautelar de prisión provisional.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. De ellos, 28 fueron “asegurados” con la medida cautelar de prisión provisional.
Asimismo, 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, y 41 se encuentran en prisión provisional. Hasta la fecha, el régimen de La Habana reconoce haber realizado 84 juicios contra presos políticos del 11J, en los que han sido sancionados 172 acusados.
*Foto tomada de CubaNet