EEUU insiste en que México detenga en su frontera sur a migrantes centroamericanos
El Gobierno de Donald Trump busca que México siga frenando el flujo de indocumentados centroamericanos en su frontera sur, tal como quedó establecido en un acuerdo suscrito en junio pasado
El vicepresidente Mike Pence analizará con el canciller mexicano el tema migratorio
 

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Washington, 9 sep (ADNCUBA).- Estados Unidos continúa presionando a México para que se mantenga como una barrera para frenar el flujo de migrantes irregulares a suelo estadounidense, sobre todo los provenientes de países centroamericanos.

En ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, analizará este martes con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el progreso del acuerdo suscrito con México para reducir la inmigración ilegal, acordado en junio pasado.

"Hace 90 días, México acordó intensificar sus esfuerzos para detener la inmigración ilegal a Estados Unidos. Esperamos reunirnos mañana con los funcionarios del Gobierno mexicano para hablar sobre sus esfuerzos recientes y discutir formas en que podemos continuar para asegurar la frontera", dijo Pence en su cuenta de Twitter.

"¡Todavía hay más trabajo por hacer!", advirtió.

El pasado viernes, el canciller mexicano aseguró que su país ha reducido en 56 % el flujo migratorio hacia Estados Unidos desde que se firmó el acuerdo en junio, gracias a una "estrategia exitosa", por lo que no espera la imposición de aranceles por parte de Washington.

 

 

En junio, México se vio obligado a reforzar con efectivos militares su frontera sur con Guatemala, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones de México si esta nación no daba muestras de querer frenar el flujo de migrantes que atraviesan ese país en ruta hacia Estados Unidos.

México ha sido paso obligatorio para miles de centroamericano, así como de otras naciones, que buscan llegar como indocumentados a Estados Unidos.

Pero la situación se agudizó en 2018 cuando miles de centroamericanos, especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, emprendieron viajes en caravana, lo que motivó a la administración Trump a endurecer su política migratoria y presionar a países como México para frenar ese flujo.

Al actualizar los resultados de la estrategia aplicada a raíz del acuerdo del 7 de junio con Estados Unidos para evitar gravámenes a todos los productos mexicanos, Ebrard indicó que la región que tiene el descenso más importante, de más de 70 %, es la de Tijuana y Mexicali, en el fronterizo estado de Baja California. 
 

 

 

En segundo lugar está Ciudad Juárez, en Chihuahua, y por último el estado de Tamaulipas. 

Hasta ahora no había confirmación por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el encuentro de mañana en la Casa Blanca, pero Ebrard sí había informado de que viajaría a la capital estadounidense con otros miembros de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a las expectativas de la reunión, el canciller mexicano señaló el pasado viernes que "México está acreditando que la estrategia que planteó es exitosa, que no conviene cambiarla, por lo que no se espera que haya una amenaza arancelaria".

En junio, EE.UU. y México alcanzaron un pacto migratorio que llevó a Trump a suspender indefinidamente su plan de imponer gravámenes a todas las importaciones mexicanas, que iba a entrar en vigor en la segunda semana de ese mes.

Ese pacto implica que EE.UU. devuelve a México a todos los indocumentados que llegan a su frontera y solicitan asilo, un colectivo que conforma el grueso de la actual oleada migratoria, mientras esperan que se resuelvan sus peticiones en los tribunales migratorios estadounidenses.

 

 

El Gobierno estadounidense también presionó a Guatemala para que aceptara convertirse en un país tercer país seguro, una denominación aplicable a aquellas naciones que ofrecen brindar asilo o protección a personas que huyen de sus países de origen.

Esa protección nació en Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, vigente desde 1951, que establece que cuando una persona deja su país para solicitar asilo en otro pero este se niega a recibirlo, lo puede remitir a un tercero que ofrezca las mismas condiciones de protección.

Guatemala se vio obligada a aceptar esa denominación, en medio de fuertes críticas de organizaciones sociales que señalaron que ese país no tiene las condiciones para dar cabida a personas que buscan asilo.