Ginebra, 9 sep (ADNCUBA).- La democracia sigue deteriorándose en Venezuela en un contexto de la aguda crisis sociopolítica que parece no tener fin, y en la que el Gobierno de Nicolás Maduro pareciera empeorarla, lejos de coadyuvar en una solución.
Y podrían deteriorarse aún más.
La ONU advirtió que los espacios democráticos pudieran reducirse aún más en caso de que el Gobierno venezolano apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.
"Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades", dijo hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, al presentar información actualizada sobre la situación en Venezuela.
En la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet formuló denuncias contra cuerpos de las fuerzas de seguridad por abusos que están bien documentados.
Las críticas de Bachelet incluyeron denuncias sobre "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares".
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Lamentó igualmente que el Gobierno venezolano no haya evidenciado ninguna voluntad de atender su solicitud de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, a la que se atribuyen ejecuciones extrajudiciales, y que en lugar de ello haya optado por reafirmarle públicamente su apoyo.
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas y que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
Según la alta comisionada, algunas ONG que colaboraron con su organismo para preparar el último informe sobre Venezuela han sido denunciadas públicamente y sus representantes amenazados por altos funcionarios.
"Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables. Insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas", señaló.
No obstante, Bachelet mencionó algunos pequeños avances.
Por ejemplo, dijo, un equipo de su oficina -cuyo tamaño no precisó- ha podido volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el pasado viernes pudo entrar por sexta vez en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.
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También reconoció que, tal como se lo había prometido, el gobierno excarceló a 83 personas, pero hizo hincapié en que queda pendiente la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.
De otra parte, Bachelet dijo que sigue empeorando la crisis económica y social en el país, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y que se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.
La libertad de expresión ha sido una víctima permanente del régimen de Maduro, al acosar y atentar contra medios de comunicación y periodistas.
En febrero pasado, el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, de la Universidad de Texas, reportó que a medida que la crisis sociopolítica se profundiza, los periodistas en el país son blanco de agresiones, detenciones, robos de su material de trabajo y bloqueo de sus sitios en internet y canales de televisión.
El organismo recordó el caso del equipo periodístico de Univisión Noticias, liderado por Jorge Ramos, quien junto a sus cinco compañeros había sido retenido en febrero pasado en el Palacio de Miraflores, residencia presidencial, a donde había llegado para una entrevista con el mandatario Maduro.
Agregó que el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela documentó 21 violaciones durante una jornada de violencia, también febrero, entre ellos 12 casos de ataques, agresiones e intimidaciones. Junto con Espacio Público, otra organización que monitoreo las violaciones a la libertad de prensa, registraron los bloqueos a algunos sitios de internet como YouTube, Facebook, y el diario colombiano El Tiempo.
