Más de 1800 detenciones arbitrarias contra activistas opositores y defensores de derechos humanos ocurrieron en 2019, contabilizó el informe anual de Human Rights Watch sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
Estas arbitrariedades descendieron en comparación con 2018 (más de 2000), pero el número sigue siendo alto. Entre los métodos más usados para acosar a los opositores están las palizas, el escarnio público, la prohibición de viaje y la expulsión del trabajo, agregó.
La Seguridad del Estado y la Policía rara vez presentan órdenes de arresto para justificar la detención de los críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados después de recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden usar en juicios posteriores para mostrar un patrón de comportamiento “delincuencial”.
La detención se usa a menudo para evitar que las personas participen en marchas o reuniones pacíficas para discutir sobre política, y los detenidos son golpeados, amenazados y recluidos en régimen de incomunicación durante horas o días.
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Sobre el estado de la libertad de expresión, el informe recuerda que el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación y restringe el acceso a información externa. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización independiente que promueve la libertad de prensa en todo el mundo, Cuba tiene el entorno mediático “más restringido para la prensa en las Américas”.
El gobierno bloquea el acceso a sitios webs críticos, como Cubanet, Diario de Cuba, Tremenda Nota o 14ymedio, a la vez que sólo una parte de la ciudadanía puede acceder a Internet -cada vez son más- por los altos costos del servicio y la rusticidad de la infraestructura.
Los periodistas independientes son habitualmente sujetos a hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones de viaje, redadas en sus hogares y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y arrestos arbitrarios.
Según el informe, otra de los asuntos pendientes del régimen con los derechos humanos son los prisioneros de conciencia. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hay 109 prisioneros políticos. Los grupos creen que presos políticos adicionales, cuyos casos no han podido documentar, permanecen encerrados.
Las cárceles están sobrepobladas y los encarcelados se ven obligados a trabajar 12 horas al día, con castigos si no cumplen con las cuotas de producción. Los reclusos no tienen un mecanismo de denuncia efectivo para buscar reparación por los abusos. Aquellos que critican al gobierno o se involucran en huelgas de hambre y otras formas de protesta a menudo sufren confinamiento solitario prolongado, palizas, restricción de visitas familiares y negación de atención médica.
Si bien el gobierno permitió que miembros selectos de la prensa extranjera realizaran visitas controladas a un puñado de cárceles en 2013, continúa negando el acceso de grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones cubanas independientes a sus cárceles.
El informe también se preocupa, aunque con menos detenimiento, por la igualdad racial y de género, derechos laborales y la presión de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
