Francisca Soyé Matos es ama de casa, vive en el poblado Jamal en Baracoa, provincia Guantánamo. Su vivienda fue afectada tras el paso del Huracán Matthew en el años 2016, y nunca le dieron un subsidio para repararla, solo algunos útiles para la cocina y unas tejas de mala calidad.
Ya hoy lo que queda de su casa son paredes de madera y un suelo de tierra, donde además habita un adulto mayor enfermo, su padre.
El hombre está postrado en una cama, dentro de aquella vivienda que no cumple estándares mínimos de habitabilidad.
"Después que pasó el ciclón destruyó todo. La casa se quedó sin nada. Han pedido mil papeles y el subsidio no ha llegado", recuerda Soyé Matos.
La mujer también señala que su padre, del que ella se hace cargo, no recibe ninguna atención de las autoridades.
El señor es hipertenso y tiene una cardiopatía grave, está en muy mal estado de salud.
Los medicamentos que debe tomar su padre casi nunca los encuentran en la farmacia y en varias ocasiones no han podido adquirir estas medicinas porque los médicos no tienen receta.
"Tendrían que venir a ver a mi papá aunque sea una vez por semana. Aquí no viene nadie. La única solución que tengo para sus medicamentos es que mi hermana que vive en Moa tiene un yerno que toma ese medicamento y él le resuelve; también tengo una hermana que vive por aquí y ayuda, pero a veces no hay", lamenta.
Precisamente a finales de junio el diario estatal Vanguardia, perteneciente a la provincia de Villa Clara, reconoció a través de un artículo publicado en su sitio web la falta de atención a adultos mayores por parte de las instituciones del régimen.
"Existen irregularidades en cuanto al Sistema de Atención a la Familia (SAF) en Villa Clara, que deben ser erradicadas con el trabajo mancomunado de los Consejos de Administración Municipales", señaló el periódico. "La COVID-19 ha dejado muchas enseñanzas, sobre todo, en cosas que no hacíamos o dejábamos de hacer en cuanto a la atención a las personas más vulnerables; entre las cuales está el Sistema de Atención a la Familia (SAF)".
Según el informe presentado en el encuentro, existen en Villa Clara 8800 personas que forman parte del SAF, "pero a los Consejos de Administración Municipales les ha faltado control y seguimiento al tema, con listados desactualizados y datos incorrectos", lo que ha favorecido manifestaciones de robo de recursos y otras irregularidades, que han afectado directamente a estos grupos de personas vulnerables.
