El ejercicio arbitrario de la fuerza y la impunidad que el régimen cubano otorga a las instituciones del Ministerio del Interior, se ejemplifica en los hechos ocurridos contra una familia matancera que ha quedado en desamparo.
Katiuska Pérez Reyes, joven de 32 años, madre de una menor de cuatro años de edad y vecina de central “Humberto Álvarez”, Cárdenas, Matanzas, relató a ADN Cuba lo que calificó de “complot de las autoridades policiales para desalojarnos y dejarnos literalmente en la calle”.
“El gobierno de Matanzas, en el año 1987, le cedió un terreno a mi prima para que ella y su esposo sembraran cultivos. Mi prima, que sabía que no teníamos donde vivir con mi esposo e hija, me cedió un pedazo para construir una vivienda”.
“Empecé a construir mi casa desde finales de junio de 2018. Dos meses después me visitó el jefe de sector, Enrique, para decirme que esa construcción era ilegal, y el único argumento que me dio fue que a él no le daba la gana. En esa ocasión me quiso quitar el teléfono celular porque yo estaba grabando todo su procedimiento fuera de toda regla”.
“Me agredió verbalmente e incluso tuvo el impulso de hacerlo físicamente. Me acusó de un desacato que él mismo provocó por lo cual me impusieron una multa. Todo eso sucedió en presencia de Yorelbis, el segundo jefe de la policía en Santa Marta. Días después se personaron los inspectores de Vivienda de la localidad y me impusieron una multa de 1500 pesos”, relató Pérez Reyes.
El verdadero trasfondo que provocó el desalojo y la demolición de su vivienda es que el jefe de sector, años atrás, había solicitado a su prima una parte del terreno para hacer una corraleta “donde guardar los caballos que decomisaba a las personas”.
Durante todo el año siguiente los inspectores de Vivienda no requirieron más a Pérez Reyes. Sin embargo, en reiteradas ocasiones el jefe de sector Enrique y el segundo jefe de la Policía, Yorelbis, “me mandaban a buscar ocasionalmente para amenazarme de que si no abandonaba la casa me iba a ir mal, por lo que entiendo que todo fue un complot por parte de la policía”.
Ante la negativa de abandonar su domicilio, ambos policías la amenazaron con enviar a su hija a una casa de niños sin amparo filial.
“Por ese motivo le dije a mi esposo de ir a La Habana y denunciar estos hechos que, entre otras cosas, violan lo que dice la Constitución del país”; explicó Pérez Reyes en referencia específica al Artículo 71 de la Carta Magna donde se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable.
“En La Habana, al plantear mi situación, hicieron un escrito que enviarían al gobierno de Matanzas, donde se hicieron las averiguaciones y según ellos Enrique reconoció que me había tratado mal, que había actuado indebidamente conmigo, y que se habían tomado medidas que nunca me dijeron cuáles porque él sigue, además, de jefe de sector en otra localidad”.
“No obstante, las amenazas de Enrique y Yorelbis continuaban; pasaban a cada rato tomando fotos a la casa, por lo cual me quejé en Atención a la Población del Ministerio del Interior de Matanzas”.
La demolición
Para proceder con la demolición de la vivienda, las autoridades policiales recurrieron al engaño: Pérez Reyes fue citada, para el 11 de julio a las ocho de la mañana, por el departamento de menores.
“Cuando llegué a la unidad junto con mi hija y mi esposo, me atendió la mayor Lucía. Le pregunté por qué me citaba si yo no tenía absolutamente ningún problema con mi hija. Me respondió que solo estaba cumpliendo órdenes de Yorelbis, porque yo había hecho una construcción ilegal y estaba implicada una menor de edad”.
Minutos más tarde la oficial alegó que tenía que acudir a una reunión, y que Pérez Reyes debía esperar a Yorelbis quien se entrevistaría con ella. Acto seguido un policía se lleva a su esposo.
“Sobre las 11 de la mañana, como no llegaba Yorelbis me dispuse a retirarme, pero no me dejaron porque alegaron que yo estaba detenida. Sobre las cuatro de la tarde se apareció la mayor Lucía para informarme que me habían demolido la casa, cosa que ya me había imaginado que hicieron, y que podían dejarme ir. Mi esposo había sido retenido en el sector de Humberto Álvarez, donde el jefe de sector Enrique le pidió las llaves de la casa, a lo que mi esposo se negó”.
Según el testimonio de vecinos que presenciaron la demolición, fue el propio Enrique quien derribó la puerta para sacar nuestras pertenencias.
“Los mismos vecinos me contaron que habían rodeado la casa y que dos cuadras a la redonda la llenaron de policías. No dejaron filmar ni tirar fotos a las personas. Hicieron un operativo como si nosotros fuésemos narcotraficantes. Nos dejaron tiradas las pertenencias en la calle”.
“Nadie nos ha dado una respuesta. Nos dicen lo mismo en todas partes: que en Cuba nadie queda desamparado. La policía ha violado las propias leyes, y no hay manera de demandar a la policía porque ellos sienten que están por encima de la Constitución”.
“Mi esposo lleva años solicitando un terreno, tampoco nos han ofrecido siquiera un albergue. Estamos viviendo en un cuarto que nos ha prestado una vecina, pero ya de ahí tenemos que irnos, y mi hija está traumatizada por todo esto que nos ha sucedido”.
“Yo llevaré mi caso hasta las últimas consecuencias. Si tengo que ir hasta la Plaza de la Revolución en La Habana, y plantarme con mi hija hasta que alguien de la Presidencia me atienda, lo haré”, concluyó Pérez Reyes.
