El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, denunció este jueves la falta de libertad religiosa que existe en la isla.
De acuerdo con Kozak, "la #LibertadReligiosa es poder profesar su religión sin temor a persecución. Esto no es posible en #Cuba, colocada en la Lista de Vigilancia Especial por graves violaciones a la libertad religiosa".
Asimismo agregó que el régimen de Castro debe terminar el acoso, las amenazas y los arrestos de los fieles cubanos.
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Desde mediados del año anterior, el Departamento de Estado criticó en su su Informe sobre la libertad religiosa internacional la situación de Cuba, y culpó al régimen de amenazar, detener y usar la violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores.
Entre las medidas represivas que aplica el gobierno cubano se citan la restricción de los viajes nacionales e internacionales, así como la limitación de los derechos de los presos a practicar libremente sus creencias.
Cada año, el Departamento de Estado presenta al Congreso norteamericano su Informe, en el cual quedan expuestos los países que violan las creencias y prácticas religiosas de personas y grupos en todo el mundo.
En la edición correspondiente a 2018, se señala que el Partido Comunista de Cuba, mediante su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, controla la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en el país.
Ambos organismos continúan usando la ley de asociaciones para negar el registro oficial a ciertos grupos religiosos, o no respondieron a solicitudes pendientes desde hace mucho tiempo, como las de los testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos grupos alegan que la falta de registro impide su capacidad para practicar su religión.
En el informe también se denuncia el hostigamiento de que han sido objeto miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluidos la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández; el activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, así como su esposa y activista, Ariadna López Roque, y el coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso.
El documento cita las denuncias de la organización de defensa de los derechos humanos Christian Solidarity Worldwide, acerca del hostigamiento gubernamental a los líderes religiosos, el cual aumentó “significativamente en paralelo con” la postura adoptada por las iglesias en el proceso de aprobación de la Constitución.
