El régimen cubano eliminó el tope de precios de los productos agropecuarios, una medida reclamada por productores y expertos a fin de incentivar la producción y contrarrestar gradualmente la crisis de oferta que padece la isla.
Mediante la resolución 320/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), publicada este viernes en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, la ministra del ramo, Meisi Bolaños Weiss, resolvió dejar sin efecto el límite de crecimiento de los precios minoristas de los productos agropecuarios que había establecido en una resolución previa, en febrero del año actual.
De igual forma, suprimió los precios máximos de acopio y mayoristas de los mismos productos con destino al consumo social, dietas médicas y sistema de atención a la familia, entre los que se encuentran la malanga, los plátanos vianda, burro y fruta, y el boniato.
“Los titulares y administradores de presupuesto y el sistema de comercio interior adoptan las medidas de eficiencia, control y mejor aprovechamiento de estos recursos, para no afectar el consumo social, y continuar prestando los servicios de alimentación con eficiencia, dentro de los enmarcamientos presupuestarios correspondientes”, precisa la resolución, justificada por el MFP en la necesidad de reconocer y adquirir los productos “a los precios del productor que respondan a los costos actuales”.
Ello, sin que se afecte el precio minorista de las dietas médicas y lo dispuesto para el sistema de atención a la familia, en el que se atiende a ancianos, casos sociales y personas en situación de vulnerabilidad.
El tope de precios es una medida frecuente del régimen ante la crónica escasez de alimentos para frenar la especulación y evitar que los comercializadores vendan de manera desproporcionada respecto a los ingresos medios de los residentes en la isla.
Sin embargo, en opinión de economistas, los precios topados desincentivan la producción y generan crisis de ofertas que favorecen al mercado informal y se traducen en mayor inflación.
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Los topes de precios en Cuba han sido aplicados también a bienes y servicios del sector no estatal, bajo el pretexto de que algunos cuentapropistas “abusan” y buscan enriquecerse sin tener en cuanta la realidad económica del país.
Pero ello, lejos de fomentar mayor calidad y potenciar la actividad económica del sector privado, ha hecho que muchos trabajadores por cuenta propia renuncien a estar regularizados y seguir ejerciendo.
Según Omar Everleny, “el problema fundamental de Cuba es que no se potencia la generación de riquezas, y no se hace, entre otras cosas, porque no les interesa a las autoridades potenciar a todas las fuerzas productivas existentes, especialmente a los no estatales: no se ven señales concretas para estimular ese sector, solo medidas de control”.
