El régimen contra la familia cubana: citan a esposa de manifestante del 11J

Para Juan Enrique Pérez la Fiscalía pide una condena de 12 años de cárcel por su participación pacífica en las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba
Juan Enrique Pérez Sánchez y su esposa
 

Reproduce este artículo

La esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, detenido tras manifestarse el 11 de julio contra el régimen de Cuba, fue citada para que se presente en una estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) este viernes 4 de noviembre.

Para Juan Enrique Pérez la Fiscalía pide una condena de 12 años de cárcel por su participación en el estallido social que se extendió a más de 60 localidades del país. Él salió a las calles en la provincia de Mayabeque con un cartel denunciando que “el hambre” en Cuba es tanta que “nos comimos el miedo”.

Su esposa, identificada en Facebook como Dayajuan Perez, informó al activista Marcel Valdés que la citaron para que se presente en la unidad de la PNR del municipio Nueva Paz. “Ella como la mayoría de los familiares de los presos del 11 de Julio está reclamando y exigiendo la liberación (…) ya que no cometieron delito alguno”, explicó Valdés en un post de redes sociales.

El activista cree que las autoridades ejercen presión para acallar a las personas cercanas a los detenidos. “Las denuncias de los familiares cada vez se escuchan más y el mundo está viendo lo que sucede y evidentemente el régimen le teme a eso, tenemos que estar pendientes y hacer esto viral, la dictadura tiene que saber que ellos no están solos”, dijo Valdés.


El 15 de octubre Marcel Valdés dio a conocer el caso de Juan Enrique Pérez, de 41 años de edad y residente en el poblado rural de Vegas (municipio Nueva Paz). El manifestante se encuentra en la prisión de Melena, dijeron sus familiares al activista.

“La petición de fiscalía es de 12 años de prisión, toda una injusticia, ya que solo salió a pedir Libertad, según me informan Juan Enrique fue golpeado en la primera prisión que estuvo y sufrió fractura en una costilla”, divulgó Valdés en redes sociales.

 

Régimen amenaza a cubanos para impedir manifestaciones el 15N

En las últimas semanas el régimen comunista ha citado a decenas de activistas, periodistas y familiares de detenidos para disuadirlos de participar en nuevas manifestaciones convocadas para el próximo 15 de noviembre.

Osmel González Darlington fue citado este viernes debido a su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio. “Tres oficiales se personaron en la puerta de mi casa a la 1:30 pm y luego 6:30 pm Lo llaman entrevista, pero sabemos que no lo es”, dijo sobre el interrogatorio que tendría con la Seguridad del Estado.

“No me sorprende. Desde que firmé la carta de apoyo y convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio asumí esta posibilidad”, escribió González Darlington en Facebook.

“Es la segunda vez que me citan luego del 12 de noviembre de 2020 donde por unas dos horas y media otro oficial intentó reclutarme. Esto sólo lo supieron gente muy cercana a mí. Ello no me impidió y sí me motivó a estar el 27N frente al Ministerio de Cultura en lo que fue un rotundo y hermoso ejercicio de civismo y cubanía, rodeado de parte de lo más luminoso del futuro de Cuba. Y por esa luz y ese futuro apuesto”, agregó.

Otra de las personas amenazadas este jueves fue el cubano Pablo Enrique, quien mostró en sus redes sociales la imagen de una citación para ser interrogado en la Unidad Policial de La Lisa, municipio de La Habana.

“Estaban presentes el coronel Mario y el capitán que me citó. Me impusieron una multa de 2000 pesos, me rompieron mi móvil metiéndolo en agua y muchísimas amenazas por el 15 de noviembre”, escribió en Twitter.

Desde octubre, las autoridades cubanas comenzaron a imponer sanciones a personas encarceladas tras el levantamiento popular de julio, con penas que oscilan entre unos ocho meses y hasta más de 20 años de cárcel.

El 12 de octubre el régimen declaró ilícita la próxima marcha, convocada por el grupo contestatario Archipiélago. Los organizadores en unas ocho provincias fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades.

El 21 de octubre la Fiscalía General de la República amenazó a los promotores de la marcha del 15N, con procesarlos por “instigar a delinquir” y otros supuestos delitos.