El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo este miércoles que Panamá “no puede desentenderse de los derechos humanos” de los médicos que el régimen de La Habana envió al país centroamericano, para vender servicios en el contexto de la lucha contra la COVID-19.
Vivanco reaccionó así a la opinión vertida por Jorge Sánchez Cárdenas, exministro de Salud y miembro de un comité asesor para la pandemia, en una entrevista con el diario La Estrella de Panamá, en la que afirmó que las condiciones de explotación de los galenos cubanos es un problema del gobierno de la isla, no del panameño.
En un mensaje en Twitter, el director de HRW emplazó al presidente panameño, Laurentino Cortizo, diciéndole que “su gobierno no puede desentenderse de los DDHH de los médicos cubanos”.
“Ese no es solo un problema de Cuba, como sugiere aquí su asesor. Su gobierno tiene la obligación de garantizar los DDHH de quienes se encuentren en territorio panameño”, remarcó Vivanco, abogado chileno especialista en el tema.
Sánchez Cárdenas, neurocirujano, le dijo a La Estrella de Panamá el 1 de enero de este año que la contratación del contingente de 220 galenos cubano fue de gobierno a gobierno, y que por ende el pago “tenemos que hacerlo al Gobierno” de Cuba.
En opinión de Sánchez Cárdenas, “esa es una industria de salud del Gobierno cubano, ellos verán cómo solucionan su problema con los médicos, a nosotros lo que nos interesa es que nos ayuden”.
El diario insistió al exministro de que lo que se cuestiona es si “realmente hay un trato digno para los médicos que están haciendo el trabajo”, y Sánchez Cárdenas reafirmó que “a los médicos quien tiene que responder es su Gobierno, no somos nosotros. Pregúntele al Gobierno de Cuba, a nosotros lo que nos interesa es que nos ayuden a solucionar el problema”.
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El pasado 28 de diciembre, Vivanco rescató un informe de HRW de julio de 2020 en el que la ONG daba cuenta de que “el gobierno cubano impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales”, y que en 2019 la ONU señaló que este personal sanitario podría ser víctima de “trabajo forzoso”.
En esa ocasión, Vivanco expresó que “Panamá no puede ser cómplice de violaciones de DDHH del régimen cubano. Su gobierno debe tomar medidas serias para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá”.
El pasado 24 de diciembre llegó a Panamá un contingente de 220 médicos especialistas cubanos -intensivistas, cardiólogos, neumólogos e internistas, según la información disponible- el primero de varios grupos contratados para “fortalecer” la lucha contra la pandemia en el país centroamericano, a pesar del rechazo del gremio local.
La contratación de los cubanos se basa en un acuerdo bilateral que prevé la llegada a Panamá de 10 equipos médicos -no se precisa la cantidad de personal por equipo- por un periodo de tres meses prorrogables, lo que tendrá un costo mensual de 591 mil 197 dólares, según una resolución oficial difundida por medios locales.
Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes con 4238 muertes acumuladas y 259 mil 770 positivos a la COVID-19, vive un fuerte repunte de la pandemia que las autoridades enfrentan con la imposición de nuevas cuarentenas.
