El gobierno de Estados Unidos expresó este 19 de mayo su preocupación por el acoso del régimen castrista contra el activista cubano Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
“EE.UU. sigue sumamente preocupado por el acoso perpetrado contra el cubano Iván Hernández Carrillo, quien defiende los derechos laborales”, se pronunció en Twitter la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
Mediante la publicación, compartida además por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se añade que “los miembros de sindicatos independientes en Cuba y en todo el mundo deberían poder defender los derechos de los trabajadores sin temor a represalias”.
Hernández Carrillo es un ex prisionero de conciencia, perteneciente al “grupo de los 75” disidentes cubanos arrestados durante la “Primavera negra” del 2003. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), con sede en Bogotá (Colombia) también denunció recientemente el “sistémico proceso de acoso y persecución por parte de los organismos de inteligencia cubanos” contra él.
Según un comunicado de la ADS, al sindicalista cubano lo tienen sometido a estricta vigilancia en su domicilio, y recibió amenazas de prisión e incluso “amenazas de muerte” enviadas mediante mensajes en las redes sociales.
La organización de trabajadores instó al régimen cubano a respetar los derechos laborales, la libertad sindical y los derechos humanos, y exigió que se garantice “la vida, integridad física y el libre ejercicio de la actividad sindical” de Hernández Carrillo.
El sindicalista explicó al independiente Diario de Cuba, en días recientes lo amenazaron de muerte desde un perfil de Facebook identificado como “Alexis Kwaski”, que él considera falsa y sospecha es manejada por la policía política.
“Lo más importante son estas amenazas directas de que 'te queda poco', 'vamos a ajustar cuentas'. (…) Hasta a una señora que salió en mi defensa este Kwaski le dijo que pronto seré difunto”, declaró al medio citado.
La ASIC dejó mal parado al régimen en la ONU
En marzo de este año, la Asociación Sindical Independiente de Cuba que lidera Hernández Carrillo, logró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalara al régimen cubano porque “viola la libertad sindical”, al aprobar por mayoría un informe del Comité de Libertad Sindical (CLS) basado en denuncias de la organización opositora.
“La OIT aprueba queja de la ASIC contra el gobierno cubano por violaciones al derecho sindical”, se informó en cubasindical.org donde compartieron el documento sobre la deliberación del Consejo de Administración de la entidad internacional.
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Ante ese organismo, la ASIC señaló a la dictadura por quebrar el derecho de asociación, representación y negociación colectiva. El Consejo de Administración aceptó el informe en el que se detalla la persecución del sindicalismo independiente en la isla.
“Ataques, actos de hostigamiento y persecución, agresiones y despidos a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades”, fueron denunciados por ASIC ante el Comité de Libertad Sindical, que así lo recogió en el documento.
También se señaló la instauración por parte del castrismo de una central sindical única (la CTC) que controla el régimen y la inexistencia del derecho a huelga.
Ante estas alegaciones, y los pedidos de acción por parte de la organización global a la que Cuba pertenece, desde La Habana el gobierno respondió que las acusaciones de la ASIC son “falsas” e ilegítimas, y serían parte de campañas “organizadas y financiadas desde el exterior como parte de la agenda de cambio de régimen”.
El Comité recomendó al régimen cubano permitir el “libre funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales” de la ASIC –y por tanto las de su secretario, el ex preso político Iván Hernández Carrillo–, y remitir a la OIT copias de las sentencias condenatorias de varios activistas obreros, que el castrismo acusa de delitos comunes.
También abogaron por “el derecho de los dirigentes y afiliados de la ASIC a organizar y ejercer libremente sus actividades sindicales, incluso cuando las mismas sean celebradas en el exterior del país”, y defendieron que los independientes tengan “la libertad de movimiento necesaria en el territorio nacional para poder ejercer sus actividades sindicales sin injerencia” de la Seguridad del Estado y otros funcionarios gubernamentales.
