Este 3 de abril la emisora estatal Radio Surco, perteneciente a la provincia de Ciego de Ávila, publicó un artículo donde reseña la discriminación de la que han sido víctima algunos discapacitados en esa central provincia en los últimos días.
Luego de una introducción en la que intenta ponderar las llamadas conquistas sociales del régimen de los Castro, la emisora avileña le entra al problema que motivó su publicación.
"A pesar de los esfuerzos para lograr la rehabilitación integral y la inserción social de los ciudadanos ciegos o de baja visión, con discapacidades auditivas y físico-motoras, algunos funcionarios se han adjudicado la atribución de aplicar procedimientos no acordes con las medidas orientadas por la dirección del país", escribió Radio Surco.
"Hoy los voy a dejar comprar, mañana no, deben estar en sus casas"; "no tienen derecho, anoche lo dijeron por la televisión"; "solo hay prioridad para ustedes en la farmacia y el transporte…", fueron, entre otras, las expresiones en algunas Tiendas Recaudadoras de Divisas y de la red minorista de Comercio Interior, en la provincia de Ciego de Ávila.
Ante estos lamentables sucesos, y como para no perder la costumbre, la emisora del régimen intento culpar a tercero.
"Quizás esa gente actúe influenciada por coleras o coleros especuladores y cibermercenarios que infunden confusión desde las redes sociales de la comunicación para provocar el desorden en los establecimientos públicos", escribió Radio Surco, y agregó: "Nadie nos contó los hechos, los presenciamos y solicitamos por vía telefónica la opinión de Julia Esther Ferras Santos, presidenta provincial de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidades Físico-Motoras (ACLIFIM)".
"La discapacidad no es una enfermedad, sino una condición que sólo la limitan las barreras arquitectónicas y mentales, la población debe ganar más en cultura y comprensión en este sentido", explicó la presidenta de la ACLIFIM.
"Hemos recibido inquietudes de nuestros asociados de los municipios de Ciro Redondo y Florencia, donde solo se nos han reportado casos sobre determinadas actitudes negativas en medio de la actual contingencia sanitaria en la que no deben cerrarse las puertas a nadie, lo que pasa es que hay desconocimiento o se ha olvidado el contenido de la carta circular del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), la cual establece prioridades para nuestros asociados".
En la conversación con Radio Surco Julia Esther Ferras se refirió a las indicaciones que desde la presidencia de la ACLIFIM le han dado a los representantes de esa organización en los territorios de Ciego de Ávila donde ocurrieron los incidentes.
"Le indicamos a los presidentes de nuestra organización en esos municipios que se acercaran a los Gobiernos locales, y solicitamos al Ministerio de Trabajo la posibilidad de llevar a las viviendas los productos de primera necesidad a discapacitados que viven solos, quienes además de su limitación, padecen de otras enfermedades.
Por otro lado, la directiva aprovechó para insinuar que la culpa puede ser de los afectados, y que de ser así, se pueden tomar represarías contra ellos.
"En cada lugar se puede conocer si alguien está haciendo mal uso del carné de asociado, nosotros tenemos la potestad de retirárselo".
Radio Surco también entrevistó a Pablo Leon Águila, presidente de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales en el municipio avileño de Ciro Redondo, quien se refirió a la carta circular número 11, emitida en el año 2000 por el MINCIN, la cual busca priorizar la atención a los discapacitados en los establecimientos comerciales del régimen.
Pablo Leon Águila dijo que el documento debiera colocarse en los murales de los centros de ese organismo, por la vigencia de su contenido: "Atendiendo a la importancia que se le concede en nuestro país al desarrollo del ser humano, es necesario brindar todas las posibilidades a las personas discapacitadas para que puedan concurrir a las unidades de comercio y servicio, previa presentación de su carné actualizado".
De igual manera citó el artículo 89 la constitución del régimen, el cual dice: "El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, a quienes se les crean condiciones para el mejoramiento humano.
