El Consejo Provincial de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI) de La Habana emitió una denuncia relacionada con las nuevas medidas en la capital cubana para el enfrentamiento al coronavirus, que en la práctica están siendo usadas para discriminar a las personas con discapacidad.
En una carta dirigida a las autoridades gubernamentales por integrantes de la ANCI, y compartida en el perfil en Facebook del prestigioso periodista y crítico, Joaquín Borges-Triana, se abordan preocupaciones y vivencias de personas ciegas residentes en La Habana que, hasta este momento, no han recibido respuestas de las autoridades.
“Debido al rebrote de la COVID-19, el gobierno de la capital cubana y su Consejo de Defensa han dictaminado nuevas medidas restrictivas (...) ocurre que tras la intervención del Gobernador en la Mesa Redonda [programa de la televisión estatal], donde manifestó que a los niños y adultos discapacitados no se les permitiría encontrarse en la vía pública y que serían multados sus tutores, palabras que luego fueron reproducidas por todos los medios de prensa y quedaron a la interpretación de cada persona, se ha producido una muy tensa situación para las personas con discapacidad”, refiere el documento.
Según la información compartida por Borges-Triana, integrante de la ANCI, Dr. en Ciencias sobre Arte y Premio Nacional de Periodismo Cultural, en algunas tiendas y/o establecimientos de La Habana, “no permiten a las personas con discapacidad el acceso para la adquisición de productos de primera necesidad. Incluso, en una que otra, han llegado hasta poner carteles diciendo que allí, en el período que dure esta situación de emergencia, no se le ofrecerá servicio a ninguna persona con discapacidad”.
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Se precisa en el documento compartido por el periodista, que “lo expresado por el Gobernador de La Habana y reproducido una y otra vez por los medios de prensa cubanos es un error pues no se corresponde con lo publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, no. 44, donde aparece el Decreto 14 del Consejo de Ministros con las medidas vigentes en La Habana a partir del 1 de septiembre y que en el artículo 2, apartado 2, deja claro que los que no pueden circular son los niños e incapacitados judicialmente, o sea personas con incapacidad cognitiva o psicosocial y que han sido previamente así dictaminadas por los tribunales”.
"Ningún otro órgano puede privar de la capacidad jurídica a una persona, como se está haciendo a partir de las interpretaciones dadas después de la errática intervención del gobernador en la Mesa Redonda", y que ha originado un proceder discriminatorio para las personas con discapacidad residentes en La Habana, subraya Borges-Triana.
En la carta de la ANCI, se esclarece que miembros de esta asociación han intentado entrevistarse
“con los máximos dirigentes de la provincia La Habana, tanto autoridades gubernamentales como partidistas, lo cual hasta el momento en que se redacta y publica este documento ha resultado absolutamente imposible. De tal suerte, la ANCI se ha visto obligada a canalizar individualmente con cada municipio las situaciones puntuales que ocurren. Esto provoca un desgaste físico y mental de los cuadros de la Asociación, quienes también somos personas con discapacidad”.
“Con lo sucedido se corrobora una vez más lo desacertado de establecer políticas para el sector de las personas con discapacidad sin contar previamente con la opinión de éstas, así como la necesidad de que jurídicamente exista en Cuba una ley que regule todo lo concerniente a dicho sector de la población cubana”, se subraya en el documento.
“Con sumo respeto, la ANCI en la capital reclama a los dirigentes del Estado en la misma la observancia y cumplimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad, promulgada por las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es signatario, así como del artículo 89 de la Constitución de la República de Cuba y que hoy se están violando, aunque sea involuntariamente y hasta con el ánimo de cuidarnos”, se concluye en la carta.
