Un informe reciente de la Red Femenina de Cuba constató que en la isla ocurrieron cuatro feminicidios en abril y unas 57 agresiones a mujeres.
El mes anterior el país acumulaba un total de 16 asesinatos a mujeres por razones de género desde que iniciara el 2021.
El documento al que ADN Cuba tuvo acceso enumera los cuatro feminicidios que la prensa independiente cubana ha informado, pero que no han encontrado eco en los medios estatales que obvian la creciente ola de estos crímenes en medio de la pandemia.
Las agresiones contabilizadas en el listado incluyen el maltrato institucional hacia las mujeres cubanas y sus familias. Las cifras desde enero último ascienden a 170 casos, más de 40 al mes.
No solo los maltratos físicos son recogidos en el informe, también aquellas que han sido violentadas por el Estado por sus ideas políticas o han sido maltratadas en instituciones gubernamentales.
Feminicidios en Cuba, una verdad silenciada por el régimen
Al cierre de 2020 se reportaban en Cuba 28 feminicidios, en el año en curso las cifras parecen romper récord.
Zelandia Pérez Abreu, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba, informó anteriormente que ocurría un feminicidio por semana y ocho agresiones.
Ninguna de estas estadísticas aparece en la prensa oficial, pertenecen al trabajo de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, La Red Femenina de Cuba y a activistas feministas que visibilizan la problemática.
Las autoridades cubanas no publican datos respecto a la violencia que afecta a las mujeres, por lo que las únicas indagaciones disponibles provienen de las entidades independientes de la sociedad civil.
Aunque los feminicidios no están reconocidos en la isla como un delito, en el pasado 2019 se mostró una tasa oficial con datos de 2016 cuyo número consideraba solo una parte de esos crímenes: aquellos en que los agresores eran parejas o exparejas.
El movimiento feminista independiente cubano reitera, en varias ocasiones, su pedido de una Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, que se tipifique este delito en la reforma del Código Penal y que cese la criminalización del activismo a favor de los derechos de la mujer.
