Un nuevo preso político engrosa la lista de los condenados por el régimen cubano, que ya suman 127. Se trata Luis Ángel Leyva, de la Unión Nacional Patriótica de Cuba (Unpacu), condenado a tres años de cárcel en juicio sumarísimo el pasado 17 de febrero, según Cuban Prisoners Defenders.
Luis Ángel pertenece a la misma organización y residía en la misma localidad (Palmarito del Cauto) que José Daniel Ferrer, el líder opositor recientemente enjuiciado, al que el régimen quiere condenar a 9 años de cárcel. El caso de Luis Ángel es especialmente trágico. Lo arrestaron el 12 de febrero cuando se dirigía al hospital de Palma Soriano a visitar a su hija ingresada allí.
La policía decomisó los alimentos que llevaba. Lo detuvieron en la calle seis policías, lo golpearon y lo subieron a la patrulla. Realizó una huelga de hambre por una semana, exigiendo su liberación y en ese estado fue llevado a juicio. El juicio se realizó a puertas cerradas el 17 de febrero, y no le permitieron llevar testigos, ni la asistencia de sus familiares.
Según la organización pro-derechos humanos, en los 6 últimos meses han entrado en la lista de 22 nuevos convictos de conciencia. Entre ellos, está el caso de Ferrer; según Prisoners Defenders el arresto, las violaciones de derechos del activista durante el cautiverio y su enjuiciamiento, merecen una repulsa generalizada de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea.
Ferrer fue sometido a juicio el pasado miércoles, una farsa legal sin cumplimiento del debido proceso, donde testigos pudieron ver cómo la policía política del régimen infestaba la sala con agentes y manipulaba las decisiones del tribunal. Varias organizaciones, como Amnistía Internacional, condenaron la escenificación montada por el régimen.
José Daniel Ferrer, de 49 años, que pasó casi ocho en prisión como parte de los 75 disidentes encarcelados en la “Primavera Negra” de 2003 fue encarcelado por el régimen cubano el pasado mes de octubre de 2019 y su familia casi no ha podido verlo.
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El “caso Ferrer” no tiene precedentes en los últimos años, lo que podría significar más presiones hacia el régimen, en una coyuntura de crisis económica agudizada y aislamiento diplomático, agrega la organización.
Prisoners Defenders reconoce también 11 mil prisioneras por las medidas de seguridad pre-delictivas, con penas de 1 hasta 4 años.
Un simple informe policial con aspectos valorativos, idénticos para todos los condenados, y en proceso judicial sumario y de forma inquisitorial (sin principio de contradicción ni capacidad de presentación de prueba en contrario), sirve para que 11 mil personas sin delito alguno cometido cumplan condenas de 2 años y 10 meses de privación de libertad en prisión de media.
