La Justicia de Sudáfrica emitió una orden de arresto contra el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) después de que no se presentara hoy por supuestos motivos de salud a una audiencia por un caso de corrupción, aunque la medida no es inmediata y solo entrará en vigor si vuelve a no comparecer en mayo.
La orden de arresto fue solicitada por la Fiscalía al entender que Zuma y su equipo legal no habían justificado debidamente la ausencia del expresidente y que no acudir a la citación constituía delito.
La jueza que hoy encabezaba la vista celebrada en los tribunales de Pietermaritzburg (este), Dhaya Pillay, se mostró de acuerdo con la Fiscalía, pero emitió la orden de arresto "en suspenso" y solo entrará en efecto si Zuma tampoco se presenta a la próxima audiencia judicial, fijada para el 6 de mayo, o si no presenta la debida justificación para su ausencia.
Para explicar la incomparecencia de hoy, la defensa del expresidente sudafricano había presentado una nota en la que se argumentaba que estaba enfermo, emitida supuestamente por un hospital militar.
La jueza, sin embargo, entendió que el documento no era legalmente admisible después de que la Fiscalía cuestionase incluso que estuviera validado por auténticos doctores.
Los abogados de Zuma, por su parte, adujeron que era "absurdo" que una rama del Estado pusiese en cuestión la veracidad del documento y sostuvieron que la salud del presidente es una cuestión de seguridad nacional que debe ser manejada militarmente.
Sin embargo, esta no era la primera vez que el expresidente aducía motivos de salud para no comparecer en público por trámites -siempre menos vinculantes que el de hoy- relacionados con las diversas acusaciones de corrupción que pesan contra él.
Los medios locales de Sudáfrica afirman, además, que el expresidente ni siquiera está en el país y que ha estado siendo tratado de sus supuestas dolencias -cuyos detalles no han sido oficialmente confirmados- en el extranjero, supuestamente en Cuba.
En esta causa, a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, la Fiscalía anunció finalmente la acusación formal contra el expresidente.
Zuma había dimitido solo un mes antes, forzado por su propio partido debido a los múltiples escándalos de corrupción que le salpicaban y que habían acabado con su imagen de "presidente del pueblo".
De forma paralela al desarrollo de esta causa, de la que hasta ahora solo se han celebrado audiencias preliminares como la de hoy, sin fecha fija para el comienzo del juicio, la defensa ha estado tratando sin éxito que se le retiren los cargos bajo argumentos como que las acusaciones son una cuestión de persecución política contra Zuma.
Pero este caso sobre el acuerdo de armas en los 90 está lejos de ser la única investigación por presunta corrupción protagonizada por Zuma.
Entre ellas, la más notoria es la llamada "Captura del Estado", una presunta trama corrupta establecida durante su gobierno con la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar al expresidente, a otros altos cargos del oficialismo y a empresarios afines a Zuma.
Además, ya en 2016 el exmandatario tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
