Un cubano identificado como Ernesto Zayas Álvarez, de Sancti Spíritus, acudió a la prensa oficialista para denunciar lo que considera un “actuar arbitrario” del personal de la Aduana General de la República en el Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey.
En una carta a la sección Acuse de Recibo, del diario Juventud Rebelde, el hombre contó su Odisea personal con esa institución, que suele estar entre las que más quejas genera. De acuerdo con su denuncia, hace más de un año, el día 18 de diciembre de 2018, Zayas regresó a Cuba de un viaje a Haití por el aeropuerto de Camagüey. Una vez allí, los oficiales pesaron su equipaje, y le cobraron 1 502 CUP, “por exceso de seis kilogramos”, indica la nota.
Sin embargo, el afectado no estuvo conforme pues, según alega, el sobrepeso correspondía a “medicamentos y una laptop de uso personal”. Estos artículos están clasificados como exentos de pago por las resoluciones vigentes para la importación personal sin carácter comercial en Cuba.
Luego de reclamar sin éxito ante una funcionaria que respondió “en forma descompuesta”, Zayas, que no tenía dinero en efectivo pues no contaba con la posibilidad de pagar artículos exentos de pago, debió dejar allí los 6 kilogramos de sobrepeso hasta que pagara por ellos “el rescate” que exige la Aduana.
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El hombre perdió su reservación en ómnibus hacia Sancti Spíritus, por el tiempo empleado en las gestiones.
En enero de 2019 el afectado formuló una queja ante las autoridades aduanales, y “después de interesarse por cuarta vez sobre el estado del proceso”, le informaron que su queja tenía razón, que la Aduana había cometido un error y le devolverían el dinero.
Finalmente, a mitad de junio, una resolución firmada por la Jefa de la Aduana de Camagüey autorizó la devolución del dinero, aunque nadie le informó de la decisión, a pesar de que sus teléfonos y dirección particular estaban registrados en la denuncia.
A finales de septiembre, cuando el hombre volvió por su cuenta a Camagüey, le dieron una copia del documento.
“¿Hasta cuándo tengo que esperar por el pago? ¿Qué medida se adoptó con la funcionaria que me maltrató y de forma arbitraria me impuso un pago, abusando de su cargo en exceso? ¿Por qué se violan los términos y procedimientos establecidos para el tratamiento a las quejas? ¿Quién responde por los excesivos gastos en que he incurrido por el actuar de la funcionaria de la Aduana? ¿A cuántas personas más maltratará?”, se pregunta el espirituano, que a más de un año de aquel error de la Aduana, aún no ha recibido su dinero.
