Once manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Camagüey fueron condenados por el Tribunal Municipal de esa ciudad.
Los juicios contra estos ciudadanos ocurrieron en diciembre pasado y, según confirmó Radio Televisión Martí, las sanciones más altas fueron de nueve años de privación de libertad para Bárbaro Alberto Ledys Núñez y Yosbel Curbelo.
“Un vendedor y activista [que] ha sido sancionado a siete años y Yuniesky Jackson Menson, Miguel Ángel Fernández Marrero, Ángel Jesús Velíz Marcano y Dixán Gaínza Moré, sancionados a seis años”.
A su vez, los cubanos Bryan Izaguirre Usiel, David Abreu, Marcelino Sogo y Jonathan Pérez estarán tres años con privación temporal de libertad “con igual término de trabajo correccional con internamiento”.
En declaraciones a ese medio de prensa, Ailex Marcano, madre de Velíz Marcano, de 27 años, dijo que “Le piden ya como sentencia seis años de privación de libertad a mi hijo”.
La mujer denunció que “la fiscalía fue incapaz de probar que los acusados cometieron los delitos de desorden público y atentado, entre otros, por lo que apelará la sanción dictada”.
Juicios del 11J a inicios de febrero
Unos 33 manifestantes, acusados por el delito de sedición y residentes en el municipio 10 de Octubre, están siendo procesados hasta el próximo 7 de febrero, incluidos seis menores de edad.
Una actualización del grupo Justicia 11J exige que estos procesos sean cubiertos por medios de prensa, “como ÚNICA GARANTÍA de que, medianamente, sean respetados el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a una participación efectiva, la presencia y examen de testigos, contemplados en la sección "Garantías de un juicio imparcial", de la Observación no. 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño (2017)”.
Justicia 11J difundió un listado con los nombres de los acusados, cuya mayoría no supera los 30 años de edad, y recalcó que los juicios de los mayores de edad deberían televisarse a nivel nacional.
Sobre los delitos que pesan contra los manifestantes de Toyo, afirma la publicación que “en muchos escenarios, según los vídeos consultados en plataformas de redes sociales en su total extensión, aunque luego modificados muy visiblemente en los juicios a puerta cerrada, la respuesta violenta de los manifestantes respondió a la legítima defensa, tipificada en los artículos 21.1-5 del Código Penal”.
El subregistro de detenciones de Cubalex y Justicia 11J recoge la existencia de 1393 detenidos en total por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio. De esta cifra, 730 se mantienen en prisión, 71 de ellas son mujeres.
Han sido excarcelados hasta la fecha 624 ciudadanos, muchos aún esperan la fecha de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria.
Un total de 295 serán procesados por atentado y 43 por el delito de sabotaje contra la seguridad del Estado.
