Opositores cubanos coincidieron este 30 septiembre en la necesidad de mantener las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el régimen castrista para forzar un cambio político en la isla.
Según la abogada Laritza Diversent, de la ONG Cubalex, estas medidas son un mecanismo que tiene la comunidad internacional para presionar a los estados a favor de cambios pro-democracia.
La especialista en temas jurídicos negó que las últimas medidas de la administración Trump afecten directamente al pueblo cubano, pues el ron y el tabaco, los dos productos sobre los que pesa ahora el veto de la Casa Blanca no están al alcance de los ciudadanos de la isla.
Antonio Rodiles, director de Estado de Sats, opinó sobre la estrategia de la administración de Trump: "es una lógica que ha sido hasta este momento escalonada, incrementando [las restricciones]". Considera que, aun cuando “este tipo de sanciones sí afecta a la gente”, contribuyen a forzar los cambios a favor de una sociedad democrática, y que en ese sentido la estrategia del gobierno norteamericano tiene que incluir el "apoyo a todos los actores internos, a la oposición y la sociedad civil, para decirle a las personas: vamos a apretarnos el cinturón, pero la luz al final del túnel está ahí".
En entrevista concedida a CubaNet, Rodiles argumentó que "lo que puede ser complicado es aplicar las sanciones, y no estar dando una opción para que la gente dentro pueda tener un protagonismo también en el enfrentamiento, la confrontación al régimen, en reclamar sus espacios, porque si debilitas a todo el mundo nos convertimos en Corea del Norte". No obstante, afirmó que "las medidas son positivas en el sentido de apretarle las tuercas a ellos [los represores]".
Rodiles también sugirió que las sanciones por sí solas podrían no terminar con el castrismo, como ocurre en Venezuela bajo otro régimen autoritario.
El veterano opositor Manuel Cuesta Morúa dijo que las medidas de Washington debían venir acompañadas de una estrategia de democratización, no solo apretar a la dictadura. "Yo siempre estaría de acuerdo en privar de recursos a la represión, siempre que esto no prive de recursos a la ciudadanía", explicó.
El 23 de septiembre el presidente Donald Trump anunció nuevas medidas contra el régimen castrista, que restringen el alojamiento en ciertas propiedades en Cuba; importación de alcohol y tabaco de origen cubano; asistir u organizar reuniones o conferencias profesionales en Cuba; y participar y organizar determinadas presentaciones públicas, clínicas, talleres, concursos y exposiciones en la isla.
Además, hoy el Departamento del Tesoro sancionó al general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, cercano a la familia Castro y jefe del conglomerado empresarial adscrito a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) del régimen cubano.
López-Callejas es presidente de GAESA, una dependencia de los militares cubanos con dominio sobre infraestructura hotelera, agencias de viaje, fábricas y empresas de servicios en todo el país. Expertos consideran que aporta la mayor parte de los ingresos del régimen.
El Tesoro ya había sancionado a Caroil Transport Marine Ltd., con sede en Chipre, y Trocana World Inc. y Tovase Development, con sede en Panamá, encabezadas por Guillermo Faustino Rodríguez López-Callejas, hermano del general.
Al conocer la noticia, el abogado de la Alianza para la Libertad Global (GLA, en inglés), Jasón Poblete, aseguró: "esto es lo que habíamos pedido desde hace cuatro años, sanciones a funcionarios de alto rango en las empresas propiedad del Estado".
Correcciones, 1 de octubre de 2020: la versión original de este artículo no incluía la cita completa de Antonio Rodiles. Su comentario fue ampliado para aportar contexto.
