Ante un panorama social agravado por la profundización de la crisis económica y un paquete de legislaciones en dirección a restringir, cada vez más, libertades civiles, laborables y políticas, se suman en Cuba las negligencias de algunas empresas estatales que ponen peligro las vidas de los ciudadanos de la Isla.
En La Habana, dos hechos recientes suscitaron serias preocupaciones entre la ciudadanía, que ya no se siente segura ante las gestiones de empresas encargadas del mantenimiento, reparación o remodelación de servicios públicos como el de gas manufacturado.
A inicios de octubre de 2018, como resultado de una negligencia ‒una fuga de gas‒ de la Empresa de Gas Manufacturado, una explosión en un domicilio ubicado en Campanario entre las calles Zanja y Dragones, Centro Habana, dejó como saldo dos heridos graves, severos daños materiales a la vivienda y propiedades colindantes, y un sentimiento de inseguridad permanente en el vecindario.
Los bajos salarios en el sector estatal es visto por los ciudadanos como principal factor desmotivador de la seriedad, la disciplina y la responsabilidad ante el trabajo.
“Ojalá y estos aumentos salariales traigan consigo que los trabajadores, especialmente los de servicios públicos, se sientan más comprometidos con sus obligaciones laborales”, opinó Esteban de la Cruz, ex empleado de la empresa Antillana de Acero, quien además señaló que muchas de las obras que emprende el Estado sufren retrasos, no solo por falta de recursos, sino también por la desmotivación del trabajador.
“Ya en este país no existe sentido de pertenencia ni con lo propio, así que imagínate con lo ajeno. Las negligencias estatales, apañadas además por el propio Estado en la mayoría de los casos, no es prioridad para la dirección del país”, dijo de la Cruz a ADN CUBA.
Los dos sobrevivientes a la explosión de la calle Campanario, según testimonio de vecinos y familiares “salvaron la vida de puro milagro”. No obstante, además de las secuelas físicas ‒ambos sufrieron quemaduras en más del 70% del cuerpo‒ lidian con secuelas psicológicas que pueden afectarlos a lo largo de sus vidas.
Sin embargo, las víctimas del caso anterior fueron más afortunadas que Dayma Céspedes y su hija Anayelis de la Caridad Joseph. Ambas fallecieron a consecuencia de una explosión en su domicilio, también producida por una fuga de gas, a mediados del mes de julio de 2019.
La presunta negligencia de otra brigada encargada de las remodelaciones a los conductos del gas en la barriada Los Sitios, Centro Habana, provocó una fuga de gas y explosión dentro de la vivienda ubicada en Maloja entre las calles Campanario y Lealtad, donde residían las dos víctimas fatales, y un tercer lesionado, un adolescente de catorce años de edad que aún permanece bajo cuidados intensivos, con peligro para su vida.
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Dayma Céspedes, joven de 21 años de edad y trabajadora de la Aduana, fallecería al día siguiente de la tragedia. Su hija, Anayelis de la Caridad, de apenas un año y ocho meses, fallecería tres días más tarde. Ambas a consecuencia de las quemaduras.
Estas muertes causaron indignación y protestas de familiares y vecinos, que impugnaban a las autoridades del Gobierno en Centro Habana para llevar ante la justicia a los responsables del accidente.
“Existe una histórica impunidad que protege a los verdaderos responsables de accidentes o eventos que involucran vidas y daños a la propiedad material de las personas, que en la mayoría de las ocasiones son dirigentes del propio Gobierno”, señaló Marta Julia Velázquez, profesora de Química y madre de una menor que asiste al mismo círculo infantil que asistía Anayelis de la Caridad.
Condiciones precarias de trabajo, pésimo estado técnico de las herramientas y recursos para reparar y modernizar la infraestructura, también pasan factura tanto a la calidad como a la garantía de las obras, según reveló, bajo condición de anonimato, el jefe de una de las brigadas de la Empresa de Gas Manufacturado a cargo de las remodelaciones en Los Sitios.
“Estas condiciones de trabajo no están a la altura de las exigencias que vienen ʻde arribaʼ que, como sabemos, lo único que les importa es el cumplimiento de metas que luego se inflan en el noticiero”, agregó.
Autoridades policiales habrían informado que dos personas se encontraban bajo investigación por la tragedia ocurrida, pero no precisaron si eran trabajadores u ocupaban algún cargo directivo, ni tampoco revelaron sus identidades.
Por su parte, funcionarios del Gobierno en Centro Habana se personaron en los velorios de Dayma y Anayelis de la Caridad, aunque no ofrecieron declaraciones sobre los responsables del accidente, ni cuánto tiempo tardarían en concluirse las remodelaciones en este consejo popular, donde los residente se sienten inseguros.
La prensa oficialista en la Isla, bajo control absoluto del Partido Comunista ‒único legal‒ no se hizo eco de la noticia en ninguno de estos trágicos sucesos.
Dayma y Anayelis de la Caridad pudieran “engrosar la lista de víctimas que no obtendrán justicia porque los verdaderos culpables jamás serán llevados ante ella”, concluyó un familiar.
