En estos tiempos de coronavirus el régimen cubano ha querido mostrar una imagen de implacabilidad contra las ilegalidades. Para ello ha convertido al noticiero estelar y otros espacios informativos de los medios oficialistas en tribunas desde las que se hacen juicios sumarios y se condenan hechos y actitudes sin que medie autoridad judicial alguna.
Todo para probar que se combate con fuerza a los delincuentes y que se defienden los intereses del pueblo, al menos en la interpretación que parece tener el gobierno de cuáles son éstos. Sin embargo, así como muchos casos de Tras la huella, los policiacos de los espacios informativos son más de lo mismo.
Se persiguen y atrapan a pequeños contrabandistas o personas comunes que intentan darle la vuelta por aquí y por allá a las leyes totalitarias de Cuba, que impiden el crecimiento económico personal y colectivo, muchas veces no para lucrar, sino para sobrevivir y llevar una vida digna.
Ha habido casos escandalosos de malversación y acaparamiento, sí, pero también otros muy simples, de meros comunes que sólo buscaban llegar a fin de mes. Sin embargo, la policía los persigue con fuerza inusitada, como si el fracaso del proyecto revolucionario fuese sólo culpa de ellos y no también de dirigentes corruptos e incapaces, con los que la ley suele ser tibia, sino inexistentes, salvo casos inevitables por el escándalo que suponen.
Así, en el episodio más reciente de estas persecuciones policiales, el régimen dio cuenta de cómo, en tiempos de absoluta escasez y desabastecimiento hasta de lo más básico, persigue las cebollas y verduras como si fueran la droga más letal.
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Según un reporte del noticiero estelar, en Ciego de Ávila un operativo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) hizo frente a “ciudadanos inescrupulosos que en medio de la pandemia pretendieron burlar el llamado al orden y al control de los recursos que se ponen a disposición del pueblo”.
Fue en la vía pública, en las inmediaciones de la localidad avileña de Majagua, próximo a la carretera central, donde un camión del sector particular proveniente de Sancti Spíritus transportaba mercancías con supuesta procedencia ilícita, cuyos aparentes propietarios no pudieron justificar.
En el operativo, detalla el reporte, se ocuparon 180 sacos de cebolla blanca y mil ristras de cebolla morada. Ninguno de los ciudadanos contaba con la documentación que avalara la tenencia y transporte de esos productos. De acuerdo con las indagaciones al momento de la ocupación, el destino de los mismos era un mercado ilícito en Camagüey.
A precio de mercado estatal, la mercancía ocupada asciende en valor a unos 100 000 pesos cubanos. Los ciudadanos implicados, según explicó la teniente Dianelis González Hernández, instructora penal del municipio Majagua, serán procesados por los delitos de especulación y acaparamiento.
La mercancía confiscada se distribuyó hacia los centros priorizados del referido municipio, entre los que están el hogar materno, los hogares de ancianos y el Sistema de Atención a la Familia. De igual modo, asegura el informe del noticiero, se beneficiaron los mercados estatales del territorio.
El reporte culminó con un llamado a combatir las ilegalidades, como si de algunas como la expuesta, el desvío de 100 000 pesos de cebolla, dependiese el fin de la crónica escasez que padece Cuba.
Lógicamente, de ser hallados culpables, los individuos en cuestión merecen sanción. Sin embargo, la utilidad de exponer casos como estos en los medios oficialistas ha sido ampliamente cuestionada, ya que sólo podría funcionar para aleccionar a ese pueblo al que, en caso de delinquir, ni tan siquiera se le respeta el derecho al debido proceso.
