Presos del 11J y sus familiares siguen bajo acoso de la policía política

Decenas de ciudadanos siguen siendo procesados judicialmente sin garantías, por su participación en las protestas del 11J en Cuba.
Fernando Ginarte Mora
 

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El artesano Fernando Ginarte Mora, de 53 años, residente en Baire, Santiago de Cuba, recibió la sentencia de cuatro años de cárcel por el presunto delito de atentado, supuestamente durante su participación en las protestas del 11J, informó este 2 de mayo Radio Martí.

Ginarte, padre de tres hijos, uno de ellos autista, y sostén de su familia, dijo en el juicio que “el mismo policía que me acusó, [contra el que] cometí el supuesto atentado, el día del juicio declaró que la distancia más cerca que yo estuve de él fue de unos 15 metros, y a esa distancia nadie comete un supuesto atentado físico”. 

Carlos Manuel Pupo, condenado a seis años de prisión por participar en las protestas populares de San Antonio de los Baños, Artemisa, está internado en el hospital provincial Abel Santamaría en la ciudad de Pinar del Río, luego de varios días reclamando asistencia médica en el penal Cinco y Medio, sin tener éxito, informó el opositor Jorge Luis Bravo.

“Él sufre de una diabetes crónica y también de hipertensión. Llevaba ya seis días con diarreas intensas y se había deshidratado en la prisión, donde le habían negado la asistencia médica. Tampoco hay medicamentos para la diabetes en el penal”, dijo.

También fue citada para la Unidad de la Policía (PNR) de Nueva Paz Dayana Aranda Batista, donde fue amenazada por un oficial de la Seguridad del Estado por las denuncias que realiza en redes sociales sobre la situación que enfrenta su esposo, Juan Enrique Pérez Sánchez.

El manifestante del 11J fue encarcelado en el penal de Quivicán, donde cumple ocho años de prisión por participar en las protestas en San Antonio de Vegas, en el municipio San José de las Lajas, provincia de Artemisa. El preso político permanece en el destacamento cuatro, junto a asesinos y presos comunes con largas condenas.

Según el último listado de Cuban Prisoners Defenders, publicado el 7 de abril, de los 1027 prisioneros políticos presentes en la lista actual, 891 provienen de la represión de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La organización no gubernamental reconoce que la cifra real sería al menos un 30% más alta.

Entre los 1027 casos hay 38 menores, incluido uno de 13 años, de los cuales 20 ya han sido condenados a penas que promedian los siete años de privación de libertad. Dos niñas y 14 niños verificados por PD fueron sentenciados por el supuesto delito de sedición.

Un total de 169 manifestantes, incluyendo a los menores mencionados, fueron procesados por sedición.

Unos 652 prisioneros ya han sido sentenciados, 259 de ellos con penas de más de diez años. El grupo de prisioneros políticos incluye, al menos, a 131 mujeres.