Entre los ciudadanos cubanos, cada día, se arraiga el término “apartheid económico” acuñado por el diario digital 14ymedio, para describir el actual panorama en la isla donde la única certeza es que, “para sobrevivir tienes que portar dólares”.
“Quien marca la diferencia, ahora mismo en Cuba, son los dólares. Quien no los tenga se tiene que joder”; espetó Jesús Manuel Carrillo, quien desde hace diez años es uno de los centenares de “asistenciados” ‒o “casos sociales”‒ por la dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social del municipio Cerro.
Junto a una docena de personas, que esperaban en una larga cola para comprar “masa cárnica enriquecida” en un establecimiento de productos liberados en moneda nacional, Carrillo protestaba por “los coleros” que casi acaparaban la mitad de los turnos.
“Lo más probable es que no alcancemos y tengamos que irnos con las manos vacías o comprar los productos más caros. Estas colas no las custodian ni las controlan los policías; la gente pobre está en las manos de dios”; lamentó Carrillo que, finalmente, no logró comprar las tres libras que correspondía a cada consumidor.
Durante los últimos tres meses, en un recorrido por los quince municipios habaneros, se comprobó que las colas, tanto en los Mercados Artesanales Industriales (MAI) como en los establecimientos de productos liberados, no están custodiadas por policías y militares “ni ahora por las brigadas contra los coleros”.
La llamada Operación de Lucha contra Coleros, que ha resultado en más de 40 procesamientos judiciales por delitos de actividad económica ilícita, receptación y acaparamiento, no llega a estos establecimientos donde acuden los ciudadanos que ni siquiera pueden permitirse comprar en la cadena de Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD) que comercializan productos y mercancías en CUC.
“¿Quién cuida la comida y el aseo personal de los jodidos? A quién le importamos, porque en el país estamos viviendo otra discriminación: los que tienen dólares y CUC como privilegiados, y nosotros los que vivimos únicamente del salario o de una chequera”; increpó Eleonora Nápoles, trabajadora textil que quedó interrupta tras la expansión de la COVID-19 y desde hace cuatro meses sobrevive con el 60% del salario como estableció el régimen.
“Esa discriminación se observa, cotidianamente, a la vista de todos: la presumible protección no existe para quienes tenemos bajos ingresos. Ninguna cola en los lugares de moneda nacional tiene la garantía del control contra revendedores y acaparadores que hoy se conocen como coleros. Todo ese circo de exceso policial y chivatería solo ocurre en las tiendas de CUC y dólares, nunca en una cola para yogurt de soya, jamonada, sirope para refrescos, cloro, jabón o detergente de baja calidad”; denunció Nápoles desde el municipio Playa.
Aunque las autoridades del régimen han insistido durante décadas que en Cuba nadie queda desamparado, la propia realidad que se sobrevive en el país se distancia de ese mantra a consecuencia de un modelo económico aislado del mundo.
En 2014, en su discurso de conclusión al XX Congreso de la estatal Central de Trabajadores (CTC), el general Raúl Castro reconoció que el salario “no satisface todas las necesidades del trabajador y su familia […]. Tampoco podemos olvidarnos de casi un millón setecientos mil ciudadanos que dedicaron decenas de años al trabajo […] cuyas pensiones son reducidas e insuficientes para enfrentar el costo de la canasta de bienes y servicios”.
Sin embargo, la conformación de condiciones para mejorar salarios y pensiones seis años después de aquel discurso no ha logrado siquiera el objetivo fundamental del proceso, como aseguró entonces el general: la eliminación de la dualidad monetaria.
“Lo estamos viviendo ahora mismo es un período especial en tiempos de pandemia, pero solo para los sectores vulnerables: casos sociales, jubilados. En buena lid es verdaderamente un apartheid socioeconómico”; coincidió Laura, una trabajadora social de Lawton, municipio Diez de Octubre.
Esta trabajadora recordó que las afirmaciones de Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe, cuando declaró que “la prioridad inmediata es proteger la red en CUC y CUP, que satisface las necesidades de la inmensa mayoría de la población”, es una reiterada promesa incumplida.
“En mayo del pasado año, cuando se establecieron las nuevas regulaciones de alimentos que se vendían sin restricciones y se añadieron a la libreta de racionamiento, el Gobierno aseguró que estas medidas se tomaban porque el país estaba bajo ataque de Estados Unidos y se quería evitar que las personas con menos recursos se queden sin alimentos”.
El desabastecimiento de los mercados de productos liberados en moneda nacional es una señal del abandono del régimen a sus propias utopías. La retórica triunfalista ya no sirve, ni responde, a los trabajadores, a “los sin remesas”, a los jubilados.
Más de 30 años de trabajo y de militancia en el Partido Comunista no impidieron que Esther de la Caridad Gómez se sienta desamparada. Los mejores años de su vida, dijo, los dedicó a confiar en que cada medida de “la Revolución sería encaminada siempre en mejorar la calidad de vida del trabajador cubano”.
Mientras aguarda en una larga cola, para comprar frazadas de limpieza, hipoclorito y detergente líquido en el establecimiento El Lucero, Esther de la Caridad se pregunta “dónde están las brigadas abanderadas y la policía para protegernos aquí de los coleros y acaparadores”.
“Lo único que puedo pensar es en abandono, traición y promesas hechas al viento como aquella de Fidel Castro: las decisiones fundamentales que afectan a la vida de nuestro pueblo, tienen que ser discutidas con el pueblo y esencialmente con los trabajadores”.
