Presidentes y exjefes de Estado de Hispanoamérica firmaron este 14 de octubre una declaración de rechazo a la represión desatada por el régimen cubano contra opositores y la negación al derecho de libertad de manifestación en el país.
“Es inadmisible en democracia la proscripción del derecho de reunión, como lo hace, una vez más, el gobierno cubano”, asegura el texto.
“El derecho de reunión es parte esencial de la experiencia de la democracia —consideran los firmantes—. El pluralismo político, como su columna vertebral, sólo es posible sostenerlo mediante la garantía de dicho derecho, de la libertad de pensamiento y expresión, del derecho de asociación”.
“Expresamos nuestro firme rechazo a la dictadura imperante en Cuba y ofrecemos nuestro respaldo moral a su pueblo, sufriente bajo un régimen totalitario indigno de la civilización”, concluye la carta.
Firman la declaración, entre otros, José María Aznar, de España; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Andrés Pastrana, de Colombia; Carlos Mesa, de Bolivia; Mauricio Macri, de Argentina y Mireya Moscoso, de Panamá.
La prohibición de marcha pacífica decretada por el régimen cubano esta semana, que prohíbe la realización de otra protesta el 15 de noviembre, provocó indignación entre la ciudadanía de la isla y apoyo de políticos y organizaciones internacionales.
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional se cuentan entre las ONG que condenaron la decisión del gobierno cubano.
El director de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró que “protestar es un derecho que no puede estar sujeto a los caprichos de un gobierno”.
Marco Rubio, por su parte, calificó de cobarde al régimen por la prohibición. “Ante el clamor de libertad que tanto añora el pueblo cubano, quien ha sido enfático en su llamado de Patria y Vida, optan por censurar a los que querían marchar pacíficamente el 15N”, agregó Rubio en Twitter.
La marcha, convocada por el grupo Archipiélago, está fundamentada en el artículo 56 de la Constitución aprobada en el 2019: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
Archipiélago aseguró en un comunicado que tendrá lugar con o sin la aprobación del régimen, mientras la prensa del régimen y el Gobierno salieron en respuesta a la convocatoria calificando a los organizadores de “lacayos del imperialismo yanqui”.
Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
